“Las amenazas de bomba no se pueden prevenir, pero cada vez que sucede estamos ahí, en las escuelas, para preservar la vida de los chicos y los docentes”, sostuvieron hoy fuentes oficiales en diálogo con Télam, tras anunciar la decisión del gobierno que encabeza María Eugenia Vidal de llevar a la Justicia a los tutores de quienes realicen las intimidaciones.
La medida fue tomada por el aumento de amenazas en los colegios bonaerenses que treparon a 2400 en el lapso que transcurrió desde el 1 de septiembre al último 4 de octubre, según las fuentes.
Ayer, el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, advirtió que una amenaza de bomba en una escuela “no es una broma, es un delito” y aclaró que se trata de “un acto de intimidación pública penado por la ley”.
