El ex gobernador bonaerense y actual diputado Daniel Scioli se presentó esta mañana en la Fiscalía platense para declarar por presunta corrupción, en una causa iniciada a partir de una denuncia de Elisa Carrió, y sólo presentó un escrito.

Scioli debía declarar ante el fiscal Alvaro Garganta y, tal como hiciera ayer el ex ministro de Salud de la Provincia Alejandro Collia, quien se despegó de las acusaciones en su contra por el supuesto manejo irregular de fondos para la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA), al tiempo que negó que el ex gobernador lo haya “influenciado” para que contrate determinadas empresas en el proceso de adjudicación de obras, presentó un escrito en el que indica que “he desmentido detallada y pormenorizadamente cada una de las imputaciones” que le formularon.

Al respecto, resaltó que “todas” las contrataciones hechas durante su gestión “se realizaron en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución” y negó que se hubiera querido beneficiar “a un proveedor determinado”, sobre quien dijo que “es falsa su supuesta relación especial” con dicha persona que, según argumenta, “accedió a menos del 1% de las obras públicas”.

En otro pasaje del escrito, afirma que “nunca he recibido dádivas de ese proveedor ni de ninguna otra persona” y asegura que “jamás he influido indebidamente sobre ningún funcionario para favorecer proveedor alguno, como se me ha imputado”.

Tanto el ex gobernador bonaerense y actual diputado de Unidad Ciudadana como el ex ministro de Salud Alejandro Collia están acusados de los presuntos delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

El fiscal Garganta los imputó en el marco de la investigación por la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención por las que se pagaron 189 millones de pesos.

Garganta indagará también por esta misma causa al empresario Ricardo Estanislao Miller, acusado de ser partícipe necesario de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”.

Hay “indicios vehementes” de que, entre el 2011 y el 2015, Collia -a instancias del ex mandatario bonaerense adjudicó de manera irregular la realización de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de otra, todas en favor de la empresa Miller Building International SA, según el dictamen del titular de la UFI 11 de La Plata.

La adjudicación a esa empresa se concretó “con motivo de la relación personal y comercial que el ex gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario (Ricardo Miller), y además, por las presuntas dádivas que el ex primer mandatario percibía de éste por su rol”, dice la resolución firmada por el fiscal platense Alvaro Garganta.

Además, señala que, para llamar a los empresarios, “se tuvo en cuenta la simultánea proyección advertida entre el incremento de las mejoras que el empresario Miller hizo en el complejo hotelero del ex gobernador y el avance de las adjudicaciones irregulares de las obras públicas”, según detalla el escrito.