El Ministerio de Seguridad bonaerense, en el marco de una serie de clausuras de calabozos en comisarías platenses, “por hacinamiento de detenidos y las pésimas condiciones” en que se encontraban sus estructuras edilicias, informó que en la actualidad en las seccionales policiales de la Provincia hay capacidad para albergar a 1003 presos, pero que tiene un total de 3773 detenidos, es decir, un excedente del 276, 2 por ciento.
El documento oficial, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, se realizó en respuesta a un pedido de la jueza Liliana Torrisi, del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, que había iniciado una causa por la superpoblación de personas privadas de la libertad en la seccional octava, de las calles 7 y 74, cuya orden de clausura, a resultado de distintos peritajes de la Asesoría de Tribunales, no habría sido cumplida en tiempo y forma, por lo que, con fecha 11 de abril pasado, decidió denunciar “la flagrante comisión del delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público” ante la fiscalía que se encontraba en turno, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, para que evalúe las responsabilidades penales que eventualmente le cabrían a quienes fueron notificados de la medida y, teniendo legitimación e injerencia en su ejecución, no la llevaron adelante.
En ese sentido, las fuentes indicaron que la orden de clausura y desalojo había sido comunicada a la Jefatura Departamental La Plata; al propio Ministerio de Seguridad; a la Gobernadora, María Eugenia Vidal; a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad de la Suprema Corte y al Comité Permanente de Seguimiento Departamental.
La jueza Torrisi, al constatar la falta de colchones ignífugos y matafuegos en la comisaría octava, entre otras graves falencias e irregularidades, con cables a la vista, que le impedían contar con “las condiciones mínimas de habitabilidad para la detención de personas, sin luz natural y escasa ventilación”, había dispuesto, el 27 de diciembre de 2017, que “se arbitren los medios para se proceda a trasladar a la totalidad de los detenidos a otras dependencias, sean policiales o carcelarias”.
Sin embargo, meses después, la respuesta que llegó desde la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales del Ministerio de Seguridad, con una nota firmada por el comisario Francisco Hernán Pintos y el subcomisario Cristian Silva, desnudó una cruda realidad: “Las plazas habilitadas para el alojamiento de personas privadas de la libertad en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires resulta ser un total de 1.003, con una cantidad de detenidos existente de 3.773”, que al día de ayer se redujeron a 3.754, según indicaron los voceros consultados por este diario.
También señalaron que -al 9 de abril de 2018- “en la actualidad se contabilizan un total de 44 plazas disponibles en dependencias ubicadas en el interior de la Provincia, de las cuales 9 de ellas son destinadas al alojamiento de femeninas y 35 para masculinos”, de acuerdo al siguiente detalle: 30 plazas para masculinos en Junín; nueve plazas disponibles para femeninas en Mar del Plata y una plaza disponible para masculinos en Necochea.
“En razón de lo expuesto -completó el informe de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales- “el realojamiento de los detenidos alojados en las dependencias que nos ocupan, en principio sería inviable por insuficiencia de plazas”, más allá de que reconocieron gestiones con el Servicio Penitenciario bonaerense, a través del Ministerio de Justicia, para que se logre el objetivo de la remisión de los detenidos a unidades carcelarias.
Ante la situación descripta y al anoticiarse de que no sólo no se habían clausurado ni refaccionado los calabozos, sino que se aumentó la cantidad de detenidos, la jueza Torrisi volvió a ordenar la clausura de la octava e impulsó la denuncia penal por los delitos antes señalados.
Hace un año, la jueza había adoptado una medida similar en la comisaría segunda, de 38 entre 8 y Plaza Olazábal, donde luego de trasladar a los detenidos que estaban alojados en los dos calabozos existentes allí, se procedió a poner la faja de clausura.
Esa comisaría tiene una capacidad para 11 presos, pero había 24, una “superpoblación que generaba condiciones infrahumanas”, por el sólo hacinamiento, sumado a “las pésimas condiciones en que se encontraban los calabozos”.
En agosto de 2016 ya se había detectado que en la comisaría segunda había el doble de los detenidos y muchas deficiencias en las instalaciones, lo que se repitió ante esta nueva visita.
Fue por eso que se ordenó el inmediato desalojo y se supervisó el cumplimiento de la orden.
Ahora, se produjo una situación similar en la comisaría octava, con el agravante de que en ese dependencia no hicieron ningún cambio y continuaron alojando detenidos, al parecer, porque “la superioridad así lo dispuso”.
