Axel Kicillof sorprendió con el anuncio de una medida que dejó desairados a varios funcionarios nacionales: el retorno de las clases presenciales en el Gran Buenos Aires y La Plata.
Se trata de toda una novedad política. El gobernador y su gabinete venían siendo, dentro del oficialismo, quienes tenían las posiciones más refractarias a las aperturas. Su equipo de Salud, por caso, fue el abanderado de las posturas más duras frente a las flexibilizaciones que se empujaban desde Capital Federal.
Ahora, con números finos en lo que tiene que ver a la cantidad de contagios y ocupación de camas de terapia intensiva, muy cerca de los límites que se habían autoimpuesto los propios funcionarios para abrir puertas y ventanas de las aulas, se adoptó la decisión de que la educación, aunque de forma escalonada, vuelva a ser presencial.
Detrás del velo que cocinó esta decisión se aprecian algunas cuestiones centrales.
Quizás la más fuerte tenga que ver con que Kicillof no ha hecho más que consolidar el polo de poder oficial asentado en La Plata. El mandatario bonaerense volvió a marcarle la agenda a la Casa Rosada, incluso desairando al propio ministro de Educación de la Nación que hasta el viernes seguía cuestionando la presencialidad en el área metropolitana.
El gobernador se molesta cuando le apuntan que termina incidiendo en medidas que son resorte del gobierno central.
Para muestra, basta un botón: un mes y medio antes de que estallara la pelea entre el ministro Guzmán y el subsecretario de Energía por el impacto del aumento de las tarifas, Kicillof ya había puesto un techo a la suba de la energía en la Provincia. Esto se transformó en el porcentaje testigo que terminó aceptando en la Casa Rosada.
Ese polo de poder que orbita desde la capital bonaerense se verifica también en lo gestual, excede la gestión de gobierno y se traslada a la esfera de las decisiones políticas y electorales.
Desde hace algunas semanas dirigentes y funcionarios nacionales de peso peregrinan todos los lunes hasta la residencia oficial de Kicillof para discutir la estrategia electoral que se dará el Frente de Todos en la Provincia.
Kicillof es anfitrión, por caso, de Máximo Kirchner, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y otros ministros nacionales como Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis. Hasta dos intendentes del Conurbano, que nunca terminaron de tener empatía con el mandatario bonaerense, como Fernando Espinoza y Martín Insaurralde, se sumaron a la mesa de las definiciones.
Hay quienes en el oficialismo enlazan ese hecho con las versión que va ganando terreno en las filas oficiales y que tiene, por ahora, mucho de futurología: la que da cuenta de que Kicillof sería, hoy por hoy, el elegido de Cristina Kirchner para pelear por la Presidencia en 2023.
El tema de las clases y sus idas y vueltas reconoce otras aristas.
Exhibe con claridad la inquietud del gobierno bonaerense frente al notorio desencanto de amplios sectores sociales con el oficialismo por el manejo de la pandemia y las restricciones impuestas.
La decisión de Kicillof de ordenar la vuelta a la presencialidad supone una concesión y un gesto a amplias porciones de esas franjas medias del electorado que en 2019 votaron por el Frente de Todos y hoy se muestran reacias a ratificar aquella confianza.
Casualidad o no, coincide con otra determinación: la de los padres de alumnos que iban el lunes a instalar frente a la Quinta Presidencial de Olivos una carpa para reclamar el retorno a las aulas.
Esa inquietud oficial que empieza a impregnarse por la inminencia que impone el calendario electoral, excede la cuestión educativa.
En sectores del gobierno bonaerense se vuelve la mirada una vez más sobre los sectores medios que, además de la pandemia, vienen sufriendo el desbarranque de la economía.
Es una de las razones por las que desde la provincia se mencionó la necesidad de establecer algún tipo de alivio económico como fue, el año pasado, el IFE.
Kicillof, por su parte, se encaminaría a reabrir la negociación salarial con los gremios estatales y docentes, con ese mismo objetivo. Después de todo, Cristina Kirchner ya marcó el camino con el aumento del 40% que dispuso para el Congreso.
