l peronismo bonaerense acaba de sellar una unidad a medias. Le bastará para evitar la formalidad de la interna por la conducción partidaria prevista para mediados del mes que viene, pero seguramente no termine de acallar la disputa abierta que remite centralmente al rol que como oposición debe ejercer frente al gobierno.

La divisoria de aguas surge nítida. Como un reflejo del mismo tenor y efecto de lo que ocurre a nivel nacional, en la provincia el PJ se divide entre aquellos que consideran que hay que ejercer una oposición firme pero responsable -esto es, acompañar e impulsar si cabe algunos cambios a herramientas de gestión que requiere el gobierno de Cambiemos-, y los sectores que despliegan acciones de confrontación directa y diálogo poco menos que inexistente con el oficialismo.

En el primero de esos espacios confluye la mayoría de los intendentes que ostenta poder territorial en el PJ. Estos mismos alcaldes son los que terminaron imponiendo condiciones para catapultar a uno de sus pares, Gustavo Menéndez (Merlo), a la presidencia del partido.

Enfrente se paran el ultrakirchnerismo, prácticamente excluido de la nueva organización partidaria, y La Matanza, representada por Fernando Espinoza y Verónica Magario. Estos dos últimos, si bien terminaron formando parte de la futura arquitectura de conducción peronista, también se muestran fuertemente críticos a la gestión de Vidal.

El ex alcalde del distrito más poblado de la Provincia jugó y perdió. Buscó seguir en la presidencia del partido cuyo mandato expira en pocos días y procuró arrastrar al kirchnerismo en su disputa con los intendentes dialoguistas, pero sufrió en carne propia el pragmatismo K: cuentan que Máximo Kirchner ordenó arriar las velas y replegar su escuadra cuando olfateó que se encaminaba a una confrontación de final incierto.

Ya había probado Espinoza el terreno resbaladizo en la discusión clave por el Presupuesto 2018 cuando operó fuerte para bloquear la sanción de ese proyecto que, justamente, destrabaron casi los mismos actores que le arrebatarán la presidencia partidaria.

Si Espinoza debió resignarse a ejercer un rol secundario en el esquema de poder del peronismo provincial, quien emergió como uno de sus principales referentes fue Martín Insaurralde.

El intendente de Lomas de Zamora mantiene un distanciamiento con el matancero tan extenso como picante. En el PJ bonaerense le adjudican al marido de Jésica Cirio ser el autor del mote de “Cacho Rubio” que se le calzó a Espinoza hace algunos años y que refiere a su supuesto parecido con un conocido personaje de los medios.

Insaurralde fue articulador no sólo del esquema de unidad de los intendentes del Conurbano que terminó forzando que Espinoza resolviera bajar su lista. Fue, además, una pieza central para hacer funcionar el engranaje de apoyos que necesitaba Vidal para poder aprobar el Presupuesto hace un puñado de días.

“Es el Pichetto bonaerense”, bromean en el peronismo con cierta dosis de ironía para referirse al rol de facilitador con el gobierno provincial que cumplió el alcalde de Lomas de Zamora.

Otra vez las similitudes. El senador nacional rionegrino se ha transformado en un actor clave para los acuerdos parlamentarios con Cambiemos en la Nación. Insaurralde trabajó en ese mismo sentido en la provincia.

Ese rol empieza a impactar en los resortes de poder de la Legislatura. Tanto, que el jefe comunal de Lomas comienza a gravitar en el armado de un esquema propio con el apoyo de varios de sus pares.

Ese grupo de intendentes que se quedó con la conducción del peronismo tendrá sus propios bloques parlamentarios escindidos de La Cámpora. Un histórico que deja su distrito, Julio Pereyra, de Florencio Varela, presidirá la bancada de Diputados. Insaurralde se apresta además a ubicar, en acuerdo con Cambiemos, al futuro vicepresidente de la Cámara baja.

Es cada vez más notorio cómo el oficialismo reorientó sus acuerdos parlamentarios. Sergio Massa se empezó a despedir de ese lugar estelar de garante de la gobernabilidad de Vidal, para dejarlo en manos de los intendentes del peronismo dialoguista representado por la futura conducción partidaria.

La Gobernadora se apresta a encarar otro plano de discusión en el que acaso poco tengan que aportar los facilitadores peronistas. En las próximas horas su gobierno hará una convocatoria formal a los sindicatos estatales y docentes para comenzar a debatir la política salarial para 2018.

No se trata de un debate sencillo ni de impacto acotado a la geografía bonaerense. La negociación, por caso, fue este año parámetro para los posteriores acuerdos salariales que se negociaron tanto en el ámbito estatal como privado.

El esquema de cuotas trimestrales ajustadas por el costo de vida, vuelve a emerger como posible esquema de acuerdo, en un escenario en el que los resultados de la lucha contra la inflación siguen sin convencer al propio gobierno nacional.

La aspiración oficial es llegar al brindis de fin de año con un acuerdo cerrado con los gremios estatales y un entendimiento, al menos en parte, con los más combativos sindicatos docentes.

A los maestros se les deberá pagar a fin de año la diferencia entre la inflación y el 21,5% de aumento que pactaron para todo 2017. Pero también quieren empezar a discutir el pase de sumas al básico, además del aumento. La Provincia mantiene el hermetismo, pero aspira a cerrar un acuerdo de paz social que no perturbe el inicio del ciclo 2018 el 5 de marzo.