Con la premisa de achatar la creciente curva de contagios de coronavirus; por un lado el Conurbano y Capital Federal se someten a restricciones severas en la circulación y la actividad comercial y por otra parte; el resultado que se alcance en esos próximo quince días definirá las acciones futuras sobre el aislamiento.
El anuncio del viernes eludió en forma deliberada cualquier alusión a una fecha probable de final del esfuerzo ciudadano. Acaso sea la admisión más contundente de que a la pandemia cuesta colocarle un bozal con forma de calendario.
Por eso la apuesta que han resuelto concretar Nación, Provincia y Capital es fuerte. Está edificada en el incremento sostenido de los contagios y el consecuente aumento del nivel de ocupación de las terapias intensivas que en algunos distritos del Conurbano ya alcanza el 60 por ciento.
El anuncio oficial, en ese contexto, podría tener diversas lecturas. La primera, que es el reflejo de aquél cuadro inquietante. No es el único: también supone la admisión de que los controles que el propio Estado en sus distintos niveles debió ejercer sobre el transporte para que sólo fuera utilizado por los trabajadores esenciales, fracasaron.
Desde que en marzo arrancó la cuarentena se planteó restringir la circulación entre Capital y Provincia y entre las comunas del Gran Buenos Aires, como un remedio básico para establecer una suerte de dique de contención contra el virus.
Pero aquellos controles oficiales acompañaron, en cierta medida, la actitud de buena parte de la ciudadanía.
La extensión de la cuarentena que ya lleva con algunas
flexibilizaciones mediante 100 días, generó malhumor social y relajamiento en el cumplimiento del encierro. También que aquella presencia estatal que debía ejecutarse con precisión cuasi quirúrgica, se aflojara.
Con la primera apertura de la cuarentena allá por los primeros días de mayo, la circulación en el AMBA era de 1,2 millones de personas.
El lunes 8 de junio, ese número ya había trepado a 1.381.996 contando el transporte público y los vehículos privados que circulan por autopistas. La premisa ahora es derrumbar esa cifra a entre 800 mil y un millón.
Si bien la idea en la Provincia sigue siendo no “militarizar” la calles, habrá un amplio despliegue de efectivos policiales y fuerzas federales en estaciones de trenes y vías de circulación.
La división de tareas dejará a los intendentes la función de poner el foco sobre el funcionamiento de comercios, ya que varios rubros que habían sido autorizados no podrán funcionar desde el miércoles. También se encargarán del blindaje de los accesos a sus distritos.
Acaso sea ése el aspecto de los controles que más interrogantes genera. Los jefes comunales vienen palpando el desplome de la actividad comercial. Ya recibían las quejas y los reclamos para que la Provincia permitiera nuevas autorizaciones para poder funcionar.
En medio de ese trámite, aquella aspiración se ha tornado una quimera.
Los intendentes conocen que algunos de estos sectores terminarán por necesidad y no por mera desobediencia, resistiendo las nuevas imposiciones. Y quedarán frente a la indeseable opción de avanzar con medidas drásticas o plantear una especie de “siga siga” como el que impera, por caso, por estos días en la mayoría del Gran Buenos Aires.
Esos interrogantes abren otros no menos ampulosos. Y que tienen que ver con qué actitud adoptará la ciudadanía frente al nuevo pedido de esfuerzo para mantenerse en casa que se le plantea desde los distintos niveles de gobierno.
Ya hay, obviamente, apelaciones a la conciencia ciudadana para acatar la cuarentena recargada. Habrá que ver cómo se sostiene ese deseo oficial de cara a una epopeya sin final a la vista.
