Un subteniente de la Delegación Drogas Ilícitas de Quilmes, que había sido detenido el 6 de enero pasado; fue procesado con prisión preventiva y recibió un embargo por mil millones de pesos.
La decisión la tomó la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita entre policías, abogados y judiciales y que presuntamente estuvo liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán.
La banda delictiva, afronta acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, entre otros delitos.
El principal delito que se le atribuye, es el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33 mil dólares y 386 mil pesos mediante extorsiones a narcos entre 2013 y 2015, informaron fuentes de la investigación.
En el caso de este subteniente procesado, Adrián Gonzalo Baeta, se sospecha que su participación en la organización criminal fue clave, sobre todo por su relación con Diego Xavier Guastini, un contador y financista que fue asesinado en un ajuste narco en octubre del 2017 en Quilmes.
La investigación
Según la investigación judicial, el policía actuó en la interceptación de los vehículos con droga en el operativo denominado “Leones Blancos”, realizado en 2013 en el partido de Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.
Ese operativo fue dispuesto por el fiscal Scapolán, ahora acusado de ser el “jefe” de la asociación ilícita.
Según un arrepentido, el cargamento de cocaína que se “apoderó” la banda, valuada en casi 3 millones de dólares, fue trasladada a “un local de la calle Urquiza y Carlos Pellegrini” de Quilmes en “unos bolsos azules con manijas negras”, para luego ser llevada a la costa atlántica y ser vendida.
“Eran bolsos de unos 20 kilos. Pusimos entre 26 y 28 bolsos en la camioneta (Chevrolet) S10, en la caja y adentro de los asientos”, añadió Maidana, quien detalló que ese local pertenecía al policía Baeta, ahora detenido.
En el marco de la causa en la que se investigan numerosos procedimientos de drogas irregulares, el fiscal federal que tuvo a cargo la investigación, Fernando Domínguez, imputó a 41 efectivos de la policía bonaerense y a tres abogados como integrantes de esa organización delictiva presuntamente liderada por Scapolán.
Actualmente, en la causa hay 17 personas procesadas, 16 de ellas con prisión preventiva, aunque dos -ambos secretarios judiciales- quedaron con falta de mérito en diciembre pasado a raíz de un fallo de la Cámara Federal de San Martín.
Al momento de dictar los procesamiento de dos funcionarios judiciales, diez policías y un abogado, la jueza consideró, en base a dichos de testigos, que la droga de la que se apoderaba la organización era “comercializada ilegalmente” y que el dinero obtenido luego era repartido entre todos sus miembros.
En el mismo escrito, la magistrada hizo referencia al “Leones Blancos” como el operativo en el que la banda se apoderó de 500 kilos de cocaína, mientras que consignó que otros 55 kilos serían producto de tres allanamientos en la zona de José C. Paz llevados a cabo a mediados de 2014, cuando también se pactó con una banda narco la entrega de 300 mil pesos a modo de pago para evitar una causa judicial.
Respecto del dinero obtenido de otras extorsiones a sospechosos a cambio de no detenerlos, los pesquisas establecieron que 30 mil dólares fueron entregados por un supuesto narco de José León Suárez en 2014; 6 mil pesos y 3 mil dólares por otro acusado en mayo de 2015 en Carapachay; y 80 mil pesos por una mujer allanada en 2015, también en José León Suárez.
En la causa fueron procesados con prisión preventiva los funcionarios judiciales Maximiliano Jarisch y Gustavo Santivale -luego liberados por falta de mérito-; los policías bonaerenses Juan Magraner, Roberto Okurzaty, Juan Elizalde, José Delgado, Marcelo Di Rosa, Oscar Caviglia, Santiago Cabre, Alexis Tabares y Juana Medina; el ex efectivo Mario De Armas; el abogado Matías Pedersoli; y otras dos personas llamadas Cristian Seu y José Molina.
En la resolución que se conoció en las últimas horas, fueron procesados con prisión preventiva el policía Baeta y Alejandro Javier Giancarelli.
En la causa también se encuentra imputado el fiscal Scapolán, quien está separado de su cargo y afronta además un pedido de desafuero.
