Por Gabriel Soca
Secretario de prensa de Inquilinos Agrupados

El lunes 2 de octubre es el Día del Inquilino. Cuando empezamos a organizarnos como una asociación de defensa y ampliación de los derechos de quienes alquilan no existía el Día del Inquilino. Fue el primer proyecto de ley que logramos que avance en la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel momento, algunos legisladores nos decían que no estaban de acuerdo con el proyecto, que no era ningún mérito ser inquilino y que preferían votar el Día del Propietario.

Sus críticas se basaban en la idea de que los inquilinos vivimos en un estado de transición entre el alquiler de lo ajeno y la adquisición de lo propio. Que, en algún momento, un progreso económico personal nos permitirá ahorrar e ingresar a un crédito hipotecario, o tal vez una herencia o la lotería eleven nuestro estatus social a la calidad de propietario. Y entonces, tendremos la posibilidad de tener nuestro día y celebrarlo. Probablemente, haya un puñado de futuros propietarios dentro de los inquilinos.

Pero seamos realistas, nunca se construyeron tantas viviendas como en los últimos 10 años.

Sin embargo, nunca hubo tantos inquilinos y tan pocos propietarios.

En la Ciudad de Buenos Aires, pasamos de 21% de inquilinos en 2001 a 35% en 2017. Y la tendencia es la misma en las grandes ciudades del mundo.

Las viviendas se concentran cada vez en menos manos y el valor del metro cuadrado no para de subir. La adquisición de viviendas se ha convertido en el negocio especulativo por excelencia y los inquilinos vemos como el horizonte de la vivienda propia se aleja cada vez más.
Es difícil vivir siendo inquilino.

Los precios aumentan siempre por encima de la inflación y de nuestro salarios, pagamos expensas extraordinarias e impuestos que gravan la propiedad, nos hacemos cargo de todos los arreglos de la vivienda, jamás nos entregan una factura y cada dos años estamos con el corazón en la boca pensando si nos van a renovar o no el contrato. Si el locador o la inmobiliaria deciden seguir alquilándonos, aceptamos cualquier condición y dejamos todos nuestros ahorros en la firma del contrato.

Si bien es difícil vivir siendo inquilino, creemos que tenemos que hacernos cargo de nuestra condición.

Debemos dejar de pensar que el problema de la vivienda es un problema personal que se resolverá cuando seamos propietarios y debemos empezar a convencernos de que la solución debe ser colectiva. En este sentido dirigimos nuestras acciones. Impulsando regulaciones en el mercado de alquileres que den una solución concreta a quienes hoy alquilan una vivienda. Pero sabiendo que una verdadera regulación del mercado es una condición fundamental para que se puedan ejecutar con éxito políticas de provisión de viviendas en propiedad.

Hace tres años logramos la declaración del Día del Inquilino. Los legisladores que nos criticaban cambiaron de parecer y acompañaron positivamente la iniciativa, que se aprobó por unanimidad. Ese año inauguramos la celebración de nuestro día con un festival cultural frente a la Legislatura porteña.

Hubo bandas en vivo, danza, teatro y muchísima gente en la peatonal de calle Perú. En ese entonces no lo sabíamos, pero esa votación intrascendente para la vida de los inquilinos y su relación con el mercado inmobiliario, tuvo una importancia simbólica enorme. Se trató de la inauguración de un ciclo de participación de los inquilinos en las políticas de vivienda de la Ciudad y del país.

Después de eso vino la creación de la Defensoría del Inquilino, la reducción en el pago de dos meses de comisión inmobiliaria a uno a través de una acción de amparo, la constitución de un Frente de Inquilinos Nacional con todas las organizaciones del país, el impulso a la Ley Nacional de Alquileres y recientemente, la aprobación de la ley para que la comisión la pague el dueño.

Este tercer festejo nos encuentra a los inquilinos mucho más organizados, más informados, más conscientes de nuestra situación y con la posibilidad concreta de avanzar en regulaciones de fondo que nos permitan alquilar de forma justa: la utilización de un índice objetivo para el aumento en el precio de los alquileres, la aplicación de tasas impositivas mayores para las viviendas desocupadas y la generación de un sistema alternativo al de las garantías propietarias.