El 27 de febrero pasado el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dijo que mandará este año el proyecto de ley al Congreso, al impulsarla desde un seminario en la Casa de Gobierno con todos los sectores involucrados: ONG, representantes de partidos políticos, de la justicia y del Parlamento, así como también analistas internacionales.
En paralelo, está en el Senado (desde 2016) otra parte de la reforma electoral encarada por el oficialismo, cuya base principal es que se vote a nivel nacional mediante la Boleta Única Electrónica (BUE), y la prohibición de listas colectoras y candidaturas múltiples, temas que encontraron resistencia entre los senadores peronistas, aunque el Gobierno aún aspira que sea tratada por la Cámara alta.
La propuesta que presentó ahora Frigerio avanza sobre el financiamiento que las empresas podrían inyectar en las campañas (con un tope de 3 por ciento del gasto total de cada coalición política); la bancarización de los aportes; sanciones contra el “clientelismo político” y restricciones a la publicidad oficial, así como también la eliminación de los actos de gobierno de los oficialismos tendientes a tratar de captar el voto durante las campañas electorales.
El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, quien, entrevistado por Télam semanas atrás, dijo que con la reforma a la ley de financiamiento se busca que “haya más controles y absoluta transparencia, para que la gente pueda conocer efectivamente quiénes son los que donan dinero para una campaña y para que haya más auditorías por parte de la justicia sobre las campañas”.
