Las amenazas de bomba son un tema de preocupación en el gobierno bonaerense y las intimidaciones en las escuelas de la provincia parecen no tener freno en la previa a las elecciones legislativas del próximo domingo.
Al respecto el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, anunció que ya tomaron medidas para llevar tranquilidad a la población con el objetivo de que la jornada eleccionaria se lleve a cabo sin sobresaltos.
Es por ello que se pondrá en marcha un ‘protocolo’ ante posibles amenazas de bomba en los colegios donde los ciudadanos deben ir a votar.
“Vamos a tener un protocolo organizado para tratar de que no se interrumpa el acto electoral”, dijo el ministro, al tiempo que agregó: “se van a generar las condiciones para que todas las personas que estén involucradas en una posible suspensión voten igual”.
Ferrari también remarcó que “conversé con el juez federal electoral Juan Culotta, porque obviamente hay que generar y tener una acción articulada con el Comando Electoral que reúne a todas las fuerzas de seguridad que se involucren en la elección, y con la junta electoral de la provincia”.
Si bien no dio detalles de cómo funcionará el protocolo, a los votantes que queden en medio de una amenaza de bomba se le entregaría un cupón que garantice su presencia, aunque aseguró que será “el juez quien determine cómo se deberá hacer”.
Asimismo, para el ministro “hay que procurar que estas acciones no interrumpan la voluntad de voto del electorado bonaerense”, ya que consideró que de otra forma “estaríamos presos de las amenazas”.
Explicó que antes de la jornada electoral, “el protocolo va a determinar la mejor manera de, previamente, asegurar que no haya elementos peligrosos dentro de ese colegio”, y en cuanto a las fuerzas de seguridad, indicó que “van a actuar procurando tener un refuerzo especialmente en la provincia de Buenos Aires ese día”.
“Se van a tomar todos los recaudos para asegurar los votos emitidos, que las actas releven la cantidad de ciudadanos que ya votaron y, de alguna manera, prever cómo completar el acto electoral; todo eso está ya pensado en un trabajo conjunto del Juzgado Federal y del Comando Electoral, con el que nos estuvimos reuniendo estos días”, dijo el ministro.
‘Es delito’
“Vamos a estar con todas las prevenciones para que lo que debería ser una fiesta, lo sea”, sentenció Ferrari quien, por otro lado, destacó que “curiosamente la mayoría de las amenazas se concentran en la provincia de Buenos Aires y en determinados distritos”.
“Uno no ha escuchado manifestaciones públicas en estos hechos de tamaña gravedad. Vemos un oficialismo muy activo que trabaja incluso para decirle a la población que esto es delito, que una amenaza falsa de bomba es un delito penal que estipula condenas de dos a seis años. No es ni gracioso ni simpático, es un delito penado en el artículo 211 del Código Penal, por eso hay que tener cuidado”, agregó.
Datos
3.000
Son los llamados intimidatorios recibidos en las escuelas bonaerenses durante 2017. La mayoría de ellos fueron realizados en establecimientos educativos del oeste del Conurbano. En La Plata se registraron 16 amenazas de bomba desde el 1º de septiembre.
100.000
Es el gasto en pesos que le demanda a la Provincia cada amenaza de bomba, según estimó el ministro de Justicia bonaerense, más allá de lo que cuesta el operativo concreto de los bomberos o defensa civil. “Por ese número es por el cual vamos a hacer los reclamos”, sentenció.
