La causa del Juzgado Federal 1 de San Isidro, que investiga los vínculos con el narcotráfico y al presunto armado de causas por parte de un fiscal, sus secretarios y varios efectivos de la Policía Bonaerense, realizó 20 allanamientos para dar con los sospechosos y otros elementos de importancia para la causa.
El fiscal imputado en la causa y con pedido de desafuero es Claudio Scapolán, actual titular del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Se sospecha de él por el armado de causas junto a policías cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta desde diciembre de 2016.
Los allanamientos fueron ordenados por la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado y la Fiscalía Federal 2 de ese distrito, a cargo de Rodolfo Fernando Domínguez y los ejecutaron los detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA).
La fiscalía allanada es la ex UFI de Investigaciones Complejas de San Isidro (ahora rebautizada como de Drogas Ilícitas), que funciona en el segundo piso de los tribunales de la calle Ituzaingó 340, donde en 2015 se desempeñaba Scapolán y de donde la PFA secuestró computadores y documentación.
Por tener fueros, Scapolán no pudo ser detenido, pero la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez ya pidieron su desafuero y en los próximos días fijaran fecha para su indagatoria.
Los dos secretarios que en esa época trabajaban en esa UFI junto a Scapolán, Maximiliano Jurisch y Gustavo Sanvitale, en cambio sí fueron detenido por la PFA.
También fue allanada con el mismo objetivo la Delegación San Isidro de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la policía bonaerense, ubicada en la avenida Del Libertador 14243 de Martínez.
Fuentes de la causa aseguraron a Télam que seis policías de esa dependencia fueron imputados con orden de detención, entre ellos un comisario inspector, dos subcomisarios y tres oficiales.
La comisaría 4ta. de Tigre, con sede en Benavídez, fue otro de los objetivos allanados, pero las fuentes aclararon que solo fueron a buscar los libros de guardia y los registros de visitas vinculados a un preso que estuvo allí alojado en 2015 y que estaba detenido en una causa llevada por los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro.
Otros procedimientos se realizaron en estudios jurídicos de dos abogados que también son investigados en el marco de la misma causa federal y que hasta esta tarde estaban prófugos.
Uno de ellos es un penalista de larga trayectoria que actuó como defensor en varios casos resonantes, y el otro es un abogado joven pariente de dos jueces de renombre en el departamento judicial San Isidro, uno de ellos camarista.
Al menos dos son las causas por narcotráfico iniciadas por Scapolán en las que se detectaron las irregularidades y quedaron nulas y motivaron la investigación federal sobre el funcionamiento de su fiscalía.
Una de ellas, según las fuentes, es una causa de 2015 en la que un detenido denunció que el propio fiscal Scapolán y los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro, le “plantaron” un kilo de cocaína en el baúl de su auto, le exigieron 20 mil dólares de coima a su mujer y le “armaron” una causa.
En ese expediente, los abogados involucrados le habrían dicho al detenido que firmara un juicio abreviado, pero ante las irregularidades detectadas, el juez del TOF de San Martín que debía homologarlo, no lo aceptó y la causa también fue declarada nula.
“Hay un video de una cámara de seguridad de un estacionamiento que compromete al fiscal Scapolán”, dijo a Télam un abogado que conoce el expediente.
Otro de las supuestas causas irregulares de la fiscalía es la que se conoció el 29 de diciembre de 2013 como la operación “Leones Blancos”, en la que se secuestraron casi 500 kilos de cocaína en una camioneta interceptada en Boulogne y tras un allanamiento en una quinta del partido de Moreno.
En el juicio oral, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín declaró nula la causa y absolvió a los cuatro imputados, luego de establecer que la llamada anónima a la Delegación Quilmes de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense que supuestamente había dado origen al procedimiento, nunca existió, y en cambio sí se detectaron antes de ese supuesto llamado, cruces telefónicos sospechosos entre el fiscal y el jefe de operaciones de esa dependencia.
Scapolán tenía además un proceso de jury abierto desde 2016 por otras irregularidades, a partir de una denuncia realizada por el ex diputada nacional Elisa Carrió.
