El gobierno provincial aprobó hoy el Plan de Integración Sociourbana de Villas y Asentamientos Precarios (PISU), para llevar mejoras en infraestructura y calidad de vida de la población más postergada del conurbano bonaerense.

La idea oficial de urbanizar reconoce varios aspectos. No sólo contempla la dotación de servicios básicos como agua corriente y cloacas. También hay que anotar apertura de calles y asfalto, iluminación y la creación de servicios educativos y clubes, además de centros de salud. También, se prevé la instalación reparticiones de los gobiernos bonaerense y nacional en esos lugares.

En la Resolución 201 publicada en el Boletín Oficial bonaerense, el subsecretario Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de esa provincia, Evert Van Tooren, destacó que el ente “actuará como coordinador entre los organismos públicos intervinientes, municipios y la población destinataria”.

Según la norma, el régimen de integración se creó con el objetivo de “integrar a la vida urbana a los sectores sociales más vulnerables en función a la tenencia de la tierra, el acceso a la infraestructura, a los servicios públicos indispensables y a una vivienda adecuada”.

“El Estado como actor clave y comprometido con los sectores más vulnerables debe incorporar la planificación estratégica como una herramienta importante para la toma de decisiones, distanciándose así del modelo tradicional de trabajo donde las acciones son fragmentadas, desarticuladas, unidireccionales y burocráticas”, se apuntó.

La otra cuestión central tiene que ver con la seguridad. En la mayoría de estos asentamientos el delito transita sin freno frente una presencia policial insuficiente. La creación de destacamentos es otra de las prioridades.

De acuerdo a fuentes oficiales, una de las primeras intervenciones será en Quilmes. Puntualmente en la villa Itatí donde viven nada menos que 12 mil familias en poco más de 50 hectáreas.

Emplazada en la localidad de Don Bosco, este asentamiento alberga, según estimaciones oficiales, a cerca de 70 mil personas que viven en situación precaria.

Otra de las villas anotada como prioridad es La Cava, en San Isidro. Unas 2300 familias habitan en un predio de 18 hectáreas.

La Cava fue fundada en 1959 en terrenos de la antigua Obras Sanitarias, que había excavado allí en busca de napas de agua. Y creció sobre tres grandes fosos, de casi seis metros de profundidad, que se convirtieron en basurales y en el suelo sobre el que se construyó la villa. Tuvo un proceso de urbanización que quedó inconcluso y es el que se propone concluir Vidal.

Costa Esperanza es otro de los asentamientos en los que se prevé intervenir. Está ubicado en el distrito de San Martín. Se formó allá por 1998 y está situado a la vera del río Reconquista. Unas 1800 familias habitan en ese asentamiento donde es por demás notoria la carencia de servicios. Trabajadores de otras provincias, pero mayormente de Perú y Paraguay, comenzaron a asentarse desde entonces en una zona de 10 por 11 manzanas lindantes con un desarmadero de autos, un basural, la Ceamse y el río Reconquista.

Otra de las villas que está en la hoja de ruta oficial es la San Petersburgo, en el partido de La Matanza. Está situada en la localidad de Ciudad Evita sobre una superficie de 4 hectáreas. Allí viven 420 familias.

Pero no es el único asentamiento apuntado en el distrito más populoso del país: en las prioridades oficiales aparecen también Puerta de Hierro y 17 de Marzo.

Puerta de Hierro nació en 1971 como el Núcleo Habitacional Transitorio. Allí trasladaron a los habitantes de la villa porteña El Cartón, con la promesa de una vivienda definitiva en menos de dos años. Pero es plan nunca se concretó.