Por Agustín C. Dragonetti
Periodista especializado en Seguridad y Defensa
Si la reinserción de los ex reclusos en la sociedad es una labor esencial del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense (tal cual lo manda la Constitución Nacional en su Artículo 18: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”), en las actuales condiciones en que se encuentran los correccionales de la provincia, el enunciado constitucional es una tarea casi irrealizable.
En la provincia de Buenos Aires existen 54 unidades penitenciarias y alcaidías (instancia previa a la cárcel destinada al alojamiento de los detenidos a los que aún no se les dictó la prisión preventiva), donde se alojan 35 mil reos, lo que representa el 70% de la población privada de la libertad en todo el país. Además, en las comisarías de la provincia se albergan a 2.310 detenidos más, un número siempre en ascenso. Es decir que la cifra total de presos en toda la provincia es de 37.310.
las cárceles bonaerenses alcanzaron en 2015 la mayor cantidad de presos en la historia de la provincia, lo que agudizó el colapso de los penales, alcaidías y comisarías. Y eso que desde 2014 a la fecha, se fugaron de alcaidías y cárceles del SPB 1.198 presos…
Hay unidades que fueron inauguradas en la segunda mitad del siglo XIX, como la prisión de máxima seguridad de Sierra Chica, en el partido de Olavarría, que fue abierta en 1882. Pero hay algunas mucho más antiguas, como la de San Nicolás, (1863), Mercedes (1876), o la de Dolores (1877). Demás está decir los graves problemas de infraestructura que estos complejos penitenciarios presentan, a los que debemos sumar los construidos en la primera mitad del siglo XX.
Según las cifras que manejan tanto el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) como el ministerio bonaerense de Justicia, ingresan anualmente alrededor de 2.200 internos, mientras que la tasa de recambio del sistema es de unos 600, con lo que la superpoblación carcelaria es, actualmente, de 10.710 presos, teniendo presente que el número de plazas disponibles es de 26 mil. Vale decir que las cárceles bonaerenses alcanzaron en 2015 la mayor cantidad de presos en la historia de la provincia, lo que agudizó el colapso de los penales, alcaidías y comisarías. Y eso que desde 2014 a la fecha, se fugaron de alcaidías y cárceles del SPB 1.198 presos…
Estos guarismos alarmantes, se agravarían notoriamente si se recapturaran a los más de 2.500 prófugos por delitos graves que, según denunció el diputado provincial Juan Carlos Suárez, “ni siquiera son buscados”.
La Legislatura bonaerense aprobó la erogación presupuestaria para este año, destinado al Ministerio de Justicia, de 9 mil millones de pesos, de los cuales 8.400 millones fueron remitidos para el SPB. Alrededor del 88 % de ese dinero se destina al pago de salarios de los 23.300 funcionarios penitenciarios. En la repartición de los recursos presupuestarios también se incluye fondos para costear la construcción de nuevos penales y alcaidías en Necochea, Campana, Bahía Blanca, General Rodríguez, Lomas de Zamora, San Nicolás, Avellaneda y Lanús, amplificar las unidades de San Martín, erigir escuelas, talleres y pabellones, costear programas concernientes a actividades culturales y atléticas y transportar a los detenidos a unidades penitenciarias y juzgados.
Quedan solo 600 millones para logística, mantención de presidiarios (se requieren 256.181 pesos al año, es decir, 21.348 pesos al mes por cada recluso), pago de servicios, combustible, mobiliario, reformas y demás ítems que hacen al funcionamiento cotidiano del SPB.
A esta de por sí compleja realidad del sistema carcelario, se suma la corrupción dentro del propio Servicio Penitenciario Bonaerense, que es estructural y sistemático, ya que cada unidad carcelaria se maneja por autogestión en financiamiento y funcionamiento, lo que permite la corrupción de los jefes y agentes penitenciarios, que va desde las comodidades en una celda (una celda VIP cuesta $3.000), pasando por acceso a drogas, comida, colchones (según el ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, recién a fin de año cada preso tendrá su colchón), cigarrillos, internet, tarjetas telefónicas y visitas higiénicas.
Ante esta situación de crisis total en el sistema penitenciario, ¿qué es lo que se puede hacer para intentar revertir años de inacción estatal? Según opinan los especialistas en políticas penitenciarias, conviene entender que resolver la situación carcelaria debe ser una política de Estado a largo plazo. Es imposible su saneamiento estructural en un lapso no inferior a los diez años, siempre y cuando se invierta en consecuencia y haya compromiso político.
También se debe proceder a la construcción de nuevas cárceles y alcaidías (no se edifica un presidio con capacidad para 1.500 personas desde el año 2001), mejorar las condiciones edilicias de las unidades penitenciarias que se puedan y proceder a la demolición de las insalvables para su posterior reconstrucción de acuerdo a los parámetros carcelarios modernos.
Hay dos cuestiones que deben ser abordadas de manera urgente si se quiere que el número de reincidentes baje de manera notoria, ya que uno de cada dos reclusos que sale en libertad reincide en el primer año: la reformulación del Servicio Penitenciario Bonaerense y centrar la atención en el funcionamiento del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.
En el primer caso ya se está trabajando en consecuencia. Según el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, el gobierno provincial tiene en agenda reformar el Estatuto del Personal Penitenciario. Al mismo tiempo, buscará la reestructuración de la carrera penitenciaria en cuatro áreas temáticas: Seguridad, Asistencia y Tratamiento, Profesional Técnico, y Administrativo. Asimismo, se pretende crear una plana mayor única de nivel profesional a la que se podrá acceder a partir de determinadas exigencias como formación, título universitario y referencias laborales.
También se modificará el régimen disciplinario del Estatuto del Servicio Penitenciario Bonaerense, agregando cuestiones como la sanción de la corrupción administrativa y penal y el uso de estupefacientes, tanto dentro como fuera del servicio. Al respecto, cabe mencionar que en lo que va del año, se pasaron a disponibilidad a 52 personas del servicio penitenciario, hay 20 sancionados y 10 detenidos por causas de corrupción.
El otro gran tema a tratar es el del Patronato de Liberados Bonaerense (PLB), una institución que funciona a todas luces de manera ineficiente. Que uno de cada dos liberados vuelva a delinquir, es decir el 50%, es un más que claro indicador de esta realidad. El PLB tiene como propósito promover la inclusión social de personas que, por disposición judicial, se encuentren bajo la asistencia, tratamiento y control de ese organismo. También comprende a aquellas personas que habiendo cumplido la pena o medida impuesta judicialmente, soliciten asistencia y/o tratamiento.
El PLB tiene 223 oficinas de atención y poco más de mil agentes para asistir a más de 40 mil liberados bajo vigilancia, superando considerablemente el promedio de 30 tutelados por cada asistente social establecido por la ley. Tiene personal altamente calificado, pero prevalece la tarea de carga virtual de legajos electrónicos, predominando la confección de estadísticas por encima de la intervención.
Hoy el escenario del sistema penitenciario es crítico y esto se ve y se siente todos los días en las calles de la provincia. De no actuar en consecuencia de inmediato y con una visión de política estatal, no se podrá de ninguna manera contribuir al mantenimiento de la paz social y a la disminución de la criminalidad y la reincidencia.
