Nadie se anima a confirmar si existió una orden expresa de la gobernadora. Pero lo cierto es que, de acuerdo a fuentes legislativas, Cambiemos ha tomado la decisión política de planchar el mentado proyecto de ley en la Cámara de Senadores provincial, donde ostenta cómoda mayoría. Esa iniciativa busca cerrar discusiones sobre qué actores tienen derecho a tener farmacias en la geografía bonaerense.
La intención de la empresa Farmacity de desembarcar en Buenos Aires es un tema incomodísimo para María Eugenia Vidal, admiten en su entorno.
La cadena está muy ligada al vicejefe de gabinete nacional, Mario Quintana, que además tiene con la mandataria una relación personal cercana. Los farmacéuticos de la Provincia, que rechazan la llegada del “gigante” del rubro, están casi en guerra con la gobernación: exigen gestos contundentes que, en verdad, asoman remolones.
Para colmo, la oposición logró colar un proyecto de ley, que ya tiene media sanción, que busca cerrarle la puerta definitivamente a la compañía.
La estrategia política pasaría por esperar un fallo definitivo al respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene el “expediente Farmacity” hace rato. Así, si es el máximo tribunal el que habilita a la cadena a abrir locales en tierra bonaerense, el oficialismo no pagaría ningún costo político y, estiman, no podría ser acusado de favorecer a la sociedad que fundó Quintana. El problema para esa tesis es que, en verdad, la Corte no tiene plazos para expedirse.
Conviene hacer una breve reseña del tema. Durante el gobierno de Daniel Scioli, Farmacity, que ya estaba instalada en la Capital Federal, quiso entrar a la provincia pero se topó con la negativa del ministerio de Salud bonaerense. Es que existe una ley, la número 10.606 del año 1987, que estipula que las farmacias brindan un servicio público, no estrictamente comercial, y por eso mismo son pasibles de ser reguladas por el Estado.
La norma, obviamente, permite que las farmacias sean de capital privado. Pero en su artículo 14º, cuando habla de quiénes deben ser propietarios de las farmacias, no contempla que las sociedades comerciales o fondos de inversión puedan ser dueñas de este tipo de establecimientos. Tampoco lo rechaza taxativamente, un resquicio del que se ha agarrado Farmacity para reclamar la posibilidad de abrir locales en la Provincia. La cadena es propiedad de un fondo de inversión.
La empresa, además, esgrime el derecho de los bonaerenses a “acceder a un servicio de calidad” y el de ella misma a la libre competencia. En base a esto, recurrió a los tribunales provinciales. Su reclamo fue desestimado en primera instancia y luego en la Cámara correspondiente.
Finalmente, la Suprema Corte bonaerense, falló en el mismo sentido: contra la sociedad que fundó Quintana.
Presunta incompatibilidad
Entonces el actual funcionario, cuando era cabeza de la sociedad, recurrió en su momento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí está ahora el reclamo. En el medio, Quintana pasó al sector público y facilitó así que se hablara de supuestas incompatibilidades.
Según su propia versión, sólo le queda un 3% de las acciones de la compañía, que ya ha puesto en venta. Además, oficialmente Farmacity comunicó que el número dos de Marcos Peña ya no tiene ningún tipo de injerencia sobre las decisiones empresarias de la cadena.
Según fuentes del gobierno provincial, Vidal habría manifestado un profundo malestar en su mesa chica por la demora de Quintana en vender su participación accionaria en Farmacity. Si eso hubiera pasado antes, ella no estaría afrontando el desgaste político y las sospechas de favoritismo por ese tema, evalúan en la gobernación.
En este escenario, una cuestión judicial y otra legislativa irrumpieron para embrollar la cuestión.
Hace unas semanas, la Procuración General de la Nación –cuya cabeza oficial está vacante desde la salida de Alejandra Gils Carbó- emitió un dictamen en el que consideró inconstitucional justamente el artículo 14º de la ley provincial 10.606.
El escrito no es vinculante pero constituye un antecedente de inocultable peso que deberá examinar la Corte Suprema antes de decidir sobre el desembarco de Farmacity en la Provincia. Lo firmó la Procuradora Fiscal ante el máximo tribunal, Laura Monti.
Un dato a favor de la cadena: según fuentes judiciales, Monti es una funcionaria muy escuchada por los jueces de la Corte. Uno en contra: el tribunal ha rechazado las pretensiones de Farmacity en un conflicto similar en Mendoza.
Existen litigios parecidos en 12 provincias más. Por eso, lo que diga la Justicia respecto al caso Buenos Aires resulta de vital importancia para la empresa.
En la Legislatura
La otra cuestión tiene que ver con la Legislatura provincial. A fines de abril, la oposición a Vidal logró aprobar en la Cámara de Diputados un escueto proyecto de ley que busca cerrar definitivamente la posibilidad de que Farmacity desembarque en la Provincia. Obviamente cuenta con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, los mayores cruzados de esta lucha.
La iniciativa, de sólo dos artículos, busca cerrar ambigüedades y dice en el primero: “La enumeración prevista en el artículo 14º de la Ley 10.606, texto actualizado según Ley 11.328, tiene carácter taxativo.
En consecuencia, todo sujeto que esté expresamente previsto en la norma se encuentra excluido del derecho a ser propietario de farmacias en el territorio de la Provincia de Buenos Aires”.
Es claro: los fondos de inversión no están detallados en el artículo 14º como un sujeto que puede ser autorizado para poner una farmacia. Sí son mencionados: “Profesionales farmacéuticos con título habilitante; Sociedades Colectivas o Sociedades de Responsabilidad Limitada, integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia; Sociedades en Comandita Simple formadas entre profesionales habilitados para el ejercicio de la Farmacia y terceros no farmacéuticos, actuando éstos últimos como comanditarios, no pudiendo tener injerencia en la dirección técnica; Establecimientos Hospitalarios públicos dependientes de la Nación, Provincia o Municipios y, finalmente, Obras Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales”.
Nueva ley de farmacias
El autor del proyecto “taxativo” es el diputado massista Lisandro Bonelli. Fuentes oficiales detallaron que Vidal se enojó bastante con su tropa legislativa porque no pudo evitar que el tema baje al recinto.
Los diputados de Cambiemos hablan de que el Frente Renovador no cumplió ciertos acuerdos. Y avisan que, a modo de propuesta superadora, están preparando una nueva ley integral de farmacias, en sintonía con el Colegio profesional, cuyos detalles no han trascendido.
Como sea, ahora los senadores vidalistas -con la papa caliente que les vino de Diputados- admiten que necesitan tiempo para que la Corte falle sobre este tema, así ellos evitan abordarlo. Traducción: no se nota gran fanatismo por apurar el tratamiento.
Por lo pronto, el tema viene a paso de caracol: recién hace un par de días le avisaron oficialmente a la Cámara Alta que le mandaban el proyecto con la media sanción aprobada.
