Hoy, el fiscal federal Jorge Di Lello solicitó que se cite al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, a brindar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga la construcción de viviendas sociales con fondos nacionales en el barrio “Martín y Omar” en el bajo del distrito.
En un extenso dictamen, el fiscal solicitó al juez federal Sebastián Ramos que se indague a Posse y a otros imputados por supuesta defraudación contra la administración pública por la falta de construcción de viviendas, ya que giró a la intendencia desde el Ministerio de Planificación Federal se giró el dinero para la construcción de 250 viviendas.
“Se han construido solamente 44 viviendas de las 250 que fueron proyectadas, licitadas, comprometida su construcción mediante los pertinentes contratos y destinados los fondos pertinentes”, sostuvo Di Lello en el pedido de indagatorias que presentó ante el juez federal Sebastián Ramos.
Di Lello pidió la indagatoria del intendente Posse, a funcionarios del área de Obras Públicas de la intendencia como ser Bernardo Landivar, Federico García, Fernando Romero y Sergio Cesriol; y a quien fuera supervisora de Obras del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires María de los Ángeles Polantinos.
También a los directivos de las firmas Soluciones Urbanas SRL, de la empresa EMACO, de Inelco, y de Construcciones Ecológicas.
La denuncia fue presentada en 2014 por la concejal del Frente Renovador Marcela Durrieu respecto al destino de unos 15.195.450 pesos que se giró a la intendencia desde el Ministerio de Planificación Federal.
Desde el municipio se informó que la diferencia en la cantidad de viviendas construidas con las promocionadas y el atraso en la construcción de las mismas, se debe a que los recursos girados por el Estado Nacional “suponían la construcción de esa cantidad de viviendas en un lugar que ya contara con la aptitud de los suelos, infraestructura de servicios instalada (luz, gas, agua, cloacas, entre otros), trazado urbano perfectamente delimitado y espacio en los asentamientos disponibles para la construcción de esa cantidad de viviendas” pero que “Sin embargo, la realidad era muy distinta”, ya que se requirió el saneamiento del terreno, la demolición de viviendas existentes en las trazas de las calles, instalación de servicios, adaptación de viviendas según las necesidades de cada familia, y hasta la fabricación de viviendas provisorias mientras se hacían las nuevas.
Asimismo se indicó que los certificados de medición emitidos desde el inicio de la certificación de las obras hasta el final de las mismas fueron visados por supervisores de obras del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
El Municipio y defensores de otros denunciados le solicitaron al fiscal que “se llevaran a cabo las pericias para demostrar la inexistencia de los hechos denunciados por Durrieu. El fiscal ordenó la producción de las mismas.”
Pero según la comuna “En forma sorpresiva y sin que se llevaran a cabo las pericias, el fiscal le requiere al Juez que cite a prestar declaración indagatoria a diversos empresarios, funcionarios municipales y del Instituto Provincial de la Vivienda.”
Desde San Isidro reafirmaron que “Las pericias que debieron realizarse y todavía no se llevaron a cabo demostrarán que los hechos denunciados no son ciertos.”
