Si se alinean los planetas, prosperan las conversaciones que arrancarán de lleno en las próximas horas y se resuelven discusiones por saldar, esta semana Axel Kicillof podría tener en sus manos la herramienta de gestión que viene persiguiendo.
Luego del frustrado debate legislativo por los alcances del aumento de los impuestos que impulsa la nueva gestión para este año, oficialismo y oposición acercaron posiciones a través de sondeos informales y el diálogo que el gobernador mantuvo con los intendentes de Juntos por el Cambio.
El clima pareció cambiar tras las acusaciones cruzadas que ganaron el escenario inmediatamente posterior al intento fallido por aprobar la reforma.
Mañana, en la primera reunión formal de los negociadores luego del primer escandalete político tras el cambio de administración, podría comenzar a alumbrar algún entendimiento. “Hay mejor clima, pero cierre aún no hay”, dicen.
En el medio del debate están, obviamente, los números. El impacto de la reforma implica para la Provincia obtener unos 30 mil millones de pesos adicionales.
La oposición, con la serie de cambios que estaba proponiendo para achicar el golpe del ajuste sobre el Inmobiliario y en algunas actividades de Ingresos Brutos, estaba limando unos 800 millones de pesos de ese global.
Pero la discusión tiene otro costado, acaso, el más mediático.
Y que expone el perfil discursivo y hasta ideológico de ambos sectores. El emblema de ese tironeo es el número mágico de 75, el porcentaje tope de aumento del Inmobiliario que empuja Kicillof. La oposición afirma que esa suba es exagerada; para la provincia constituye un criterio de ajuste “progresivo para que paguen más los que más tienen”.
Cerca del gobernador defienden ese tope que afectará a unas 200 partidas de propietarios de campos y a cerca de 2,6 millones de titulares de Inmuebles que tributan el Inmobiliario Urbano. “Si se aplana ese porcentaje como nos están pidiendo, la reforma va a ser similar a la que planteó Rodríguez Larreta en Capital Federal, que aumentó a todo el mundo por inflación. Y nosotros, claramente no somos Rodríguez Larreta”, dicen en el entorno de Kicillof para diferenciarse del alcalde porteño, casualmente uno de los presidenciables opositores.
Para el Ejecutivo, más allá de la cuestión de los números, se trata de una discusión conceptual. Habría disposición para “bajar” de ese 75 por ciento a un núcleo de partidas del Inmobiliario Urbano para que esos propietarios paguen menos, en torno del 60 por ciento. Pero Kicillof insiste con que ese techo se incluya en la ley y no parece dispuesto a ceder.
La oposición jugó fuerte sobre ese aspecto. Levantó justamente como bandera de rechazo ese porcentaje de casi 15 puntos por encima de la inflación del año que acaba de concluir. Es factible que consiga bajar algunos incrementos en Ingresos Brutos para algunas actividades como la producción de medicamentos y que se reduzca la suba para algunos segmentos del Inmobiliario. Pero la opción de máxima de eliminar el controvertido tope del 75 por ciento para todo el universo de contribuyentes, parece quedarle lejos en la negociación con el gobierno bonaerense.
“Igual se verá. No es lo mismo que el 75 por ciento se aplique a 2,6 millones de cuentas que a 300 mil”, justifican en Juntos por el Cambio donde sacan otra cuenta: el mayor impacto de los aumentos está dirigido a su propia base electoral.
¿Y si aparece algún cisne negro que haga volar por los aires la negociación?
“Entonces tendrán que explicar por qué no hay ley Impositiva y por qué, por ejemplo, los intendentes no van a poder ejecutar los recursos del Fondo Educativo por falta de financiamiento”, señalan en la gobernación.
Esa es una de las cartas que Kicillof empezó a jugar. Durante más de un hora de análisis de los números de la provincia, les desgranó a los jefes comunales hace algunos días el complejo escenario que podría sobrevenir a un frustrado intento por tener autorización legislativa para aumentar impuestos.
Todos los intendentes opositores que se reunieron con Kicillof necesitan como el agua los fondos coparticipables que se nutren de la recaudación impositiva.
Varios de ellos requieren algo más: ayuda financiera para poder atender los gastos de funcionamiento de sus administraciones que no pueden sufragar con los recursos propios.
Ese ensayo oficial apunta a aflojar la resistencia opositora que dio la espalda a los primeros intentos por avanzar con el proyecto impositivo.
Supone también un cambio en la estrategia de Kicillof, que experimentó un traspié casi de manual en su embestida por obtener una ley estando en minoría parlamentaria y con escasas concesiones.
