La justicia penó a un joven por falsa amenaza de bomba

En 2017, una escuela de Ciudad Jardín recibió una falsa amenaza. Al joven, se le aplicó la obligatoriedad de trabajo social y educación. También deberá visitar el sistema 911

El juez Ramón Bogado Tula, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de San Martín, declaró a un joven penalmente responsable de haber sido autor de llamadas con amenazas de bombas en una escuela de Ciudad Jardín.

El fallo incluye una serie de obligaciones para el joven como concurrir al Centro Socio Comunitario Departamental con frecuencia y modalidad que los profesionales establezcan, continuar con la escolarización y con la actividad laboral junto a su padre, seguir un tratamiento psicológico y asistir en forma quincenal ante la sede judicial.

Asimismo, tiene que presentarse en la Dependencia de Explosivos de San Martín y en una entrevista con el sistema 911 para comprender cabalmente la labor de estos organismos ante hechos de emergencia y las consecuencias negativas que generan estas falsas amenazas.

La medida sobre el joven, salió tras finalizar el juicio sin precedentes que se realizó en el Tribunal de San Martín, donde la Municipalidad de Tres de Febrero se presentó como particular damnificado.

La investigación había sido realizada por el Ministerio Público Fiscal, que realizó allanamientos y determinó que el joven estuvo involucrado en un hecho que ocurrió en agosto del 2017 en una escuela de Ciudad Jardín.

Durante el juicio, declararon autoridades de la institución educativa, personal policial, miembros de la Brigada Antibombas de San Martín y funcionarios de las carteras de Seguridad, Educación y Legal y Técnica de la Municipalidad.

El magistrado se basó en el Artículo 211 del Código Penal que hace referencia al “delito de intimidación pública”. En primera instancia, el adolescente deberá seguir un tratamiento tutelar durante un año hasta que se realice una nueva audiencia donde se determinará la pena que podría ir de 2 a 6 años. 

Por la vía civil, correrá la sentencia relacionada con el daño económico para resarcir a la Municipalidad por los recursos estatales que conllevan los protocolos que se pusieron en marcha en estas situaciones.

“El fallo nos llama a reflexionar, a aprender y tiene un sentido pedagógico”, sostuvo el intendente Diego Valenzuela. “Plantea algunas cuestiones que tienen como objetivo que el joven comprenda lo que está en juego, los recursos estatales que se mueven y lo que sucede en el estado cuando hay una amenaza de este tipo”, agregó el intendente.