La provincia de Buenos Aires firmó la adhesión a la guía para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), dispuesta por el ministro de Salud, Ginés González García, en un acto con la presencia del ministro provincial del área, Daniel Gollán, y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz.
El protocolo brinda lineamientos sobre cómo actuar ante un aborto legal, ya que desde hace cien años en Argentina la interrupción del embarazo está permitida por unas pocas causales: violación o riesgo de salud o muerte de la mujer, existiendo un exhorto de la Corte Suprema de 2012 en el que instó a las provincias adherir.
El “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” fue puesto en marcha en 2015.
En la actualidad, hay 11 provincias adheridas (Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Luis). Otras siete provincias, en tanto, no lo hicieron. Son Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa y Catamarca. Buenos Aires había iniciado en 2016 el proceso de adhesión, que fue frenado por decisión del Ejecutivo.
El episodio terminó con uno de los primeros cimbronazos en el gabinete de María Eugenia Vidal, la salida de la entonces ministra de Salud Zulma Ortíz. En octubre de ese año, el primero de la gestión de Cambiemos, Ortiz firmó una resolución ministerial para adherir al protocolo.
Pero días después, el gobierno de Vidal informó que la medida no sería implementada. El entonces Secretario de Legal y Técnica y luego Procurador, Julio Conte Grand, explicó que por la “complejidad del tema” se estaba “trabajando en una nueva resolución”, que nunca llegó. De esa forma, Buenos Aires seguía hasta hoy sin un protocolo de atención para los casos de abortos no punibles contemplados en el Código, que en los hechos complicaba su aplicación por la existencia en los hospitales de médicos y técnicos que se niegan a practicarlos por “objeción de conciencia”.
A poco de asumir, Gollán había expresado su compromiso de adherir a la guía actualizada que puso en marcha González García, asegurando que “está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos”.
El funcionario añadió que “quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República”, remarcando que “la Interrupción Legal del Embarazo no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema”.
