¿Estará en condiciones de salir indemne la Provincia de la guadaña del recorte de gastos por casi 30 mil millones de pesos que dispuso el gobierno nacional y que afectará principalmente a la ejecución de obras públicas?
En el equipo de María Eugenia Vidal por ahora impera la cautela. Creen que las decisiones de macroeconomía adoptadas por la Casa Rosada no van a impactar directamente sobre la marcha de la gestión. Tampoco sobre el plan de obras públicas propio, uno de los caballitos de batalla de la mandataria y carta de presentación de su gobierno.
Es altamente probable, en cambio, que parte de los trabajos previstos con fondos nacionales para el territorio bonaerense se vean frenados. No están determinados aún cuáles, pero el hachazo seguramente pasará por aquellos proyectos que esperaban el trámite de licitación.
¿Podría utilizar Vidal el sistema de Participación Público Privada (PPP) para financiar con fondos privados algunas obras que le puedan quedar en el tintero? Su gobierno está autorizado por la Legislatura para echar mano a ese mecanismo. Pero algunos funcionarios no estarían del todo convencidos por una cuestión central: el costo final de las obras ejecutadas por esa modalidad suelen resultar mucho más oneroso para el Estado.
En medio de la volatilidad de la economía, las voces oficiales buscan bajar la ansiedad que invade a algunos sectores del propio Cambiemos que ven con inquietud las dificultades de la administración de Mauricio Macri para contener el dólar. También, que ese aumento de la cotización del billete verde vaya a engordar aún más a una inflación que ya muestra sobrepeso, incluso, para las propias expectativas del equipo económico nacional.
El aumento de las tasas dispuesto por el Banco Central en procura de aplacar el dólar, es otra de las variables que amplifica las desconfianzas. Dirigentes del propio oficialismo juzgan como altamente nocivo mantener en el tiempo una tasa del 40 por ciento que, claramente, desalienta cualquier tipo de inversión. “Así no hay actividad económica que aguante”, grafican.
Empieza a rondar el fantasma de que el crecimiento de la economía, en este contexto, será menor al esperado. Y lo que es peor aún, que se torne directamente imperceptible para la gente. Hay otra cuestión en danza: la menor actividad podría empezar a pegar sobre Ingresos Brutos, un impuesto que representa cerca del 70% de la recaudación propia de la Provincia y que se mueve en línea, justamente, con esa actividad. Por ahora, esa situación no se verifica
También da vueltas en el horizonte la idea de que el segundo semestre del año acaso no será tan venturoso como lo esperaban con ansias los funcionarios empeñados en brindar buenas noticias.
Ese escenario de incertidumbre torna aún más dificultoso para la Provincia avanzar con las negociaciones salariales que le restan, en especial, con los docentes. Mucho más, si la insistencia oficial ronda el techo del 15 por ciento anual perforado por la realidad inflacionaria.
Las estimación inflacionaria para 2018 de las consultoras que conforman el Relevamiento de Expectativas de Mercado que difunde el Banco Central, subió al 22 por ciento en el último informe. El dato más inquietante es que ese pronóstico sigue ascendiendo mes a mes. Economistas de la oposición empezaron a hablar incluso de una inflación superior al 24,8 por ciento que se registró el año pasado.
Por ahora no hay nueva convocatoria a negociación. La última oferta del 10 por ciento para el primer semestre del año rechazada por los sindicatos, parece pertenecer a un paritaria de otros tiempos.
El jueves y viernes de furia -los días más complejos que debió transitar la gestión nacional incluso por encima de aquellos plagados de violencia callejera de diciembre-, opacaron otra discusión pesada: el debate por el aumento de las tarifas.
En la Provincia, Vidal decidió apretar el acelerador para no sacarle la soga del cuello al peronismo. La mandataria ordenó al bloque oficialista que acelere en el Senado con el proyecto de ley para eliminar la totalidad de los impuestos bonaerenses a las facturas de luz y gas.
Esa quita había sido frenada la semana pasada por presión de los intendentes del PJ, ya que parte de los impuestos que se quieren suprimir van a engrosar las arcas comunales.
Vidal parece entender un poco más la lógica política que algunos habitués de la Rosada. Por más módica que sea la reducción, supondrá un alivio para los golpeados bolsillo de la gente. La cuestión política se mezcla en esa embestida: la mandataria ya dispuso no cobrar impuestos bonaerenses en las facturas y ahora busca que las comunas acompañen ese gesto.
La cuestión golpea al peronismo que se abroquela para resistir ese embate. Más pronto que tarde, el debate volverá a aterrizar en la Cámara de Diputados donde el PJ ya hizo uso de su poder de veto para bloquear esa reducción que impactaría en unos 1.300 millones de pesos sobre las arcas municipales.
Es ese mismo peronismo que empieza a brindar señales de acercamiento empujado por las desventuras oficiales y el malhumor social que viene golpeando la imagen de las principales espadas de Cambiemos.
Ese escenario plagado de turbulencias quizás haya empujado el encuentro da varios intendentes y legisladores del PJ para apuntarle a la política de seguridad del gobierno bonaerense. No fue un cónclave del que surgieran declaraciones altisonantes, pero el gesto político de mostrar a alcaldes del peronismo territorial más otros más cercanos al kirchnerismo parece ser el camino por el que empiezan a transitar diversos dirigentes opositores.
Esas coincidencias empiezan, de a poco, a multiplicarse. En el Concejo Deliberante de La Matanza se pusieron de acuerdo hace unos días el PJ que responde a la intendenta Verónica Magario y el massismo, para votar la declaración de emergencia tarifaria.
En el peronismo comienza a visualizar un horizonte un poco más favorable. Saben que Vidal sigue siendo la dirigente más valorada por los bonaerenses, pero conocen también que no se ha mostrado indemne a los resbalones del gobierno nacional.
