Un funcionario tiene que devolver más de 5.422 millones de pesos al Estado bonaerense

Un ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli, Mariano Puccio, deberá reponer a las arcas del Estado bonaerense más de 5.422 millones de pesos, al no haber presentado rendiciones de cuentas por ningún movimiento administrativo a lo largo de todo 2015.

Así lo indica un fallo récord emitido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que formuló cargos sobre la gestión de Puccio al frente de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) un organismo autárquico creado en el ámbito de la Dirección de Cultura y Educación para llevar adelante programas y obras destinados al “mejoramiento integral de la educación”.

Puccio, quien hoy se desempeña como subsecretario de administración del municipio de Tigre y además integra la comisión fiscalizadora de la comisión directiva de Boca Juniors, que preside Daniel Angelici, ya había recibido un fallo de parte del Tribunal desaprobando los gastos del ejercicio 2014, falta por la que el organismo encargado de auditar los egresos de la Provincia le había instado a reparar al Estado por 3.018 millones de pesos.

En total, al ex funcionario sciolista le formularon cargos por 8.440.316.215,78 pesos, una cifra récord en la historia de la administración pública de la Provincia.

En los fallos se afirma que en esos años la Unidad Ejecutora no presentó ningún tipo de rendición por sus movimientos administrativos, tal como lo exige la ley.

En su descargo, Puccio aseguró que el organismo que presidió durante la gestión del ex gobernador Scioli no debía dar explicaciones al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires porque no fue de ahí desde donde llegaron los fondos.

“La rendición de ese dinero fue realizada a organismos de la Nación como corresponde porque los fondos fueron recibidos desde ahí y del Banco Interamericano de Desarrollo”, sostuvo el ex funcionario, quien además reconoció que parte de esos 8400 millones de pesos fueron para gastos “extrapresupuestarios”.

Organismo en la mira

La Unidad Ejecutora Provincial se creó en el año 1994 con el objetivo de implementar programas y proyectos de financiamiento externo y local para “el mejoramiento integral de la educación”. Durante buena parte de la década del ‘90, fue desde donde se ejecutaron obras de construcción y remodelación de escuelas y hoy controla varios programas (como el Prodymes y el Promer) para atender necesidades “de la población educativa con mayor vulnerabilidad, permitiendo el acceso a una educación de calidad y socialmente comprometida”, según se explica en la página oficial del organismo.

Si bien en los fallos del Tribunal de Cuentas con respecto a los ejercicios 2014 y 2015 no hay acusaciones sobre desvío de fondos, sino de falta de rendición de los movimientos administrativos, las sentencias refuerzan las sospechas que recaen sobre la Unidad Ejecutora, que fue calificada como una “caja política” desde donde se habrían realizado presuntos manejos irregulares y malversación de dineros públicos.

El documento, al que tuvo acceso El Día, da cuenta de “el faltante de rendición documentada de los egresos, presupuestarios y extrapresupuestarios, correspondientes a la U.E.P.P.F.E. durante el ejercicio 2015”.

“Respecto de la responsabilidad, debe señalarse como funcionario responsable al señor Mariano Javier Puccio”, dice el fallo firmado por las máximas autoridades del organismo, Miguel Teilletchea, Gustavo Fernández y Eduardo Grinberg.

En ese marco, el Tribunal desaprueba los egresos 2015 y formula cargo por la suma de $5.422.216.530,44 y desaprueba los egresos de 2014 y formula cargo por $3.018.099.685,34, a los que “deberá responder Mariano Javier Puccio”.