En el gobierno bonaerense subieron la guardia. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implicará un ajuste de gastos nacional que inevitablemente impactará en la Provincia.
Cada vez suena con mayor insistencia la versión de que el gobierno nacional, en busca de ordenar sus propias cuentas, impulsaría el traspaso de la empresa de aguas AySA a la Provincia.
María Eugenia Vidal ya vislumbra algunas señales de lo que vendrá. Por lo pronto, hace algunas horas una delegación de funcionarios técnicos del FMI mantuvo un discreto encuentro con integrantes del equipo del ministerio de Economía para monitorear las cuentas de la provincia más importante del país.
Ese visado puede que tenga relación con una medida que, de aplicarse, pegará de lleno sobre la política de achique del déficit que viene aplicando la gestión de Vidal y que al cierre de 2017 rondaría los 20 mil millones de pesos.
La transferencia de AySA implicaría sumarle a aquél déficit unos 15 mil millones de pesos adicionales.
Vidal, en tándem con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, sobre cuya gestión también impactará la transferencia, pusieron manos a la obra para resistir.
La idea de que la Nación ajuste por ese lado, es impulsada por algunos gobernadores peronistas.
Se trata de una movida en defensa de sus propios intereses porque lo que la administración de Mauricio Macri achique por ese lado reducirá el impacto del ajuste sobre el presupuesto que maneja el resto de las provincias.
Cerca de Vidal creen que esa iniciativa tiene chances de prosperar. Tanto, que ensayó un movimiento de resistencia al que busca sumar a los intendentes peronistas.
Se impone, sobre la política, una lógica matemática: si la Provincia tiene que hacerse cargo de AySA y sostener los subsidios para que no se disparen las tarifas para los habitantes del Conurbano, habrá menos dinero para distribuir y gastar. Las comunas, obviamente, no se salvarán de la guadaña.
Algunos intendentes del PJ empezaron a acusar recibo. Juan Zabaleta (Hurlingham) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) hicieron punta en advertir que la provincia no se puede hacer cargo de AySA sin que se discuta una compensación.
Existe una cuestión adicional. En la Gobernación dicen que a partir del achique de gastos que se viene ejecutando y los fondos adicionales que recibirá por la redefinición del Fondo del Conurbano, las cuentas de la Provincia estarán equilibradas en 2019.
El oneroso traspaso de la empresa de agua y cloacas que opera en Capital y en el Conurbano haría trizas ese plan. No sólo eso: en pleno año electoral anticiparía menos obras públicas.
Por lo pronto, Vidal dio la orden de avanzar con una ley que implica seguir reduciendo gastos a través de la quita de subsidios. Luego de algunas semanas de pesado silencio, el Senado bonerense activará la discusión de la ley que elimina las transferencias bonaerenses para el sostenimiento de la actividad turfística.
Este año ya redujo los aportes en 300 millones. En forma escalonada, apunta a podar otros mil millones de pesos en un plan de achique que concluirá hacia fines del año que viene.
El avance de esa norma será por un camino espinoso. “Habrá dos semanas de discusión pero el Ejecutivo no quiere que le toquen ni una coma”, aseguran legisladores del oficialismo. Las protestas del sector parecen aseguradas con una postal poco frecuente: fuentes ligadas al turf ya hablan de dejar pastar libremente cientos de caballos en Plaza San Martín, frente a la Gobernación.
En Cambiemos se respiran aires de preocupación. Algunos recorridas distritales que realizaron en los últimos tiempos referentes del espacio dan cuenta de cierto clima de pesada desazón frente a las malas noticias que llegan desde la economía.
Cerca de Vidal dicen que la reunión del gabinete ampliado que se desarrolló el miércoles en la República de los Niños, a la que concurrieron además de ministros, intendentes y legisladores, no tuvo como motivo central salir al cruce de esa sensación que embarga a no pocos dirigentes. Pero el tenor de los discursos rozó mucho el aspecto motivacional. Tanto, que un intendente del interior que adhiere al macrismo pidió el audio del discurso de Vidal “para levantarle el ánimo a mi gabinete”, contó en los jardines del pintoresco paseo platense.
En medio de esos ruidos, la Legislatura comienza a transformarse en el escenario de una discusión que, de encontrar consensos, podría generar un fuerte impacto político.
Casi en forma inocente, diputados que responden a Sergio Massa presentaron un proyecto para permitir que los intendentes puedan, si así lo creen conveniente, convocar a elecciones en sus distritos en forma desdoblada de los comicios para gobernador y presidente.
La jugada apunta a generar, por lo menos, tres carambolas. La primera, evitar el efecto arrastre de una candidatura fuerte -por caso la de la propia Vidal- sobre el tramo de la boleta municipal, una situación que podría terminar desbancando a algunos de los actuales alcaldes massistas o del PJ.
También, busca transformarse en una salida política para varios intendentes que se ven empujados a permanecer en el esquema de Cristina Kirchner que mide muy bien en sus distritos, aunque preferirían optar por otras alternativas. Con elecciones desdobladas, podrían liberarse de ese cepo por conveniencia.
Existe una tercera cuestión en danza que tiene relación con la que, acaso, sea la última gran discusión parlamentaria del año: el Presupuesto 2019. Hay quienes comentan que el massismo empezó a dejar trascender que su necesario respaldo a ese proyecto -Vidal requiere del apoyo del peronismo dialoguista y del Frente Renovador- estará supeditado a que Cambiemos dé vía libre a su iniciativa.
“Ese proyecto va en contra de nuestros candidatos en los distritos peronistas”, braman dirigentes del PRO. En el Ejecutivo, por lo pronto, tienen serias dudas sobre su legalidad.
