Las batallas sociales y políticas que ocupan la agenda de Vidal

María Eugenia Vidal decidió colocarse en la primera línea de fuego. Por convicción o necesidad política, la mandataria resolvió asumir un rol activo en medio de la crisis económica que golpea con dureza y que amenaza con extender su pesada influencia al menos hasta fin de año, si es que se cumplen los pronósticos más optimistas de la Casa Rosada.

Quienes frecuentan a la mandataria cuentan que está muy preocupada por la situación social en general. Y en particular, por la forma en que ese ominoso cuadro golpea a los sectores más desprotegidos del populoso Conurbano.

Las acciones y los anuncios protagonizados por Vidal dan cuenta de ello. Dispuso que el Banco Provincia otorgue líneas de créditos más accesibles para las Pymes, que concentran la mayoría de la mano de obra en territorio bonaerense, y que afrontan graves dificultades frente al parate que registra la economía y el impacto del aumento de las tarifas.

En ese plan que procura sostener el empleo le acaba de tender una mano Horacio Rodríguez Larreta, a través de un acuerdo por el que el Banco Ciudad también abrirá líneas de préstamos para apuntalar la actividad de micro y pequeñas empresas.

Vidal y el jefe de Gobierno porteño juegan en tándem desde hace años. En estos tiempos de fuertes turbulencias, han logrado influir en medidas y acciones que terminó adoptando la Casa Rosada. El encumbramiento al ministerio de la Producción del economista platense Dante Sica, habría sido una de ellas.

La Gobernadora se acaba de reunir con Sica, en un encuentro del que participó la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. Se dice que en breve se harán públicas algunas medidas complementarias a las anunciadas por la Provincia hace algunos días, también con destino a sostener a las Pymes.

Se trata de reacciones frente a la emergencia. Los últimos datos del INDEC reflejan que la tasa de desocupación creció más en el Conurbano que en el global del país: 11,3 frente al 9,1. La Gobernadora está enfocada en evitar que la situación social se vuelva un polvorín.

En esa línea hay que leer la decisión de aumentar las jubilaciones mínimas y las asignaciones familiares. También, el adelanto del pago del aguinaldo para los empleados estatales.

La admisión pública de que la inflación terminará evaporando el acuerdo salarial con el ahora desvencijado techo del 15 por ciento, va en esa misma sintonía.

Vidal se dispone a ensayar una nueva paritaria con los gremios estatales. Pensaba monitorear aquél cierre recién en octubre, con la esperanza de que una leve corrección alcanzaría para terminar el año sin mayores sobresaltos. Pero la disparada de los precios adelantó cuatro meses la revisión.

Con una inflación que terminará rondando el 3,5 por ciento en junio y otra que podría orillar ese porcentaje este mes producto del empuje a los precios que realiza la disparada del dólar, resulta por demás complejo imaginar un acuerdo para lo que resta del año a menos que se pacten revisiones salariales periódicas.

Mucho más complejo asoma el escenario para intentar desanudar la negociación con los combativos gremios docentes plantados en reclamar la actualización vía cláusula gatillo que el gobierno bonaerense rechaza de plano. Los maestros ya anunciaron nuevos paros y amenazaron con no reiniciar las clases tras las vacaciones de invierno.

Vidal se prepara, mientras tanto, para resistir los embates de los gobernadores peronistas que volverán a la carga con la idea de que Buenos Aires y Capital Federal se hagan cargo de las eléctricas Edenor y Edesur (que en el caso de la Provincia prestan servicio en el Conurbano), la empresa de aguas y cloacas Aysa y de los subsidios al transporte. Es un paquete de unos 110 mil millones de pesos que se está negociando en el marco del ajuste de gastos al que se comprometió la Nación cuando firmó el acuerdo de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional.

Los gobernadores peronistas reclaman que esos fondos que aporta la Nación sean afrontados por las gestiones de Vidal y Larreta con la lógica de que cuánto más achique el gobierno central por esa vía, menos tendrán que ajustarse las provincias que ellos administran.

En la Provincia resisten la embestida, aunque con la resignación de que si no es Aysa, al menos tendrán que hacerse cargo de las eléctricas. Sostienen que una transferencia de las características que plantean los mandatarios del PJ sin el aporte de los recursos correspondientes, terminará castigando a los bonaerenses. “No sólo no vamos a poder hacer obras, ni siquiera pagar sueldos”, advierten.

En el gobierno de Vidal equiparan esta pelea a la que dieron por la recuperación de los recursos del Fondo del Conurbano. Y a la que buscan subir a intendentes peronistas que, de a poco, se van expresando en rechazo al planteo de los mandatarios de su propio partido.

El caso plantea una curiosidad. Y una coincidencia a la vez. Ese enfrentamiento se ha trasladado al terreno del armado electoral para el año que viene.

Los gobernadores peronistas impulsan un esquema que prescinde de Cristina Kirchner. Sueñan con una Paso propia a la que buscan sumar a los principales alcaldes del Conurbano.

Pero los intendentes miran las encuestas y se inflan de pragmatismo. La ex presidenta es la candidata que más mide en sus distritos y la opositora que más adhesiones recoge en la Provincia. Ir hacia una cruzada contra el esquema K abrazados de un armado que hoy tiene más incertidumbre que certeza, parece una jugada de altísimo riesgo para sus intenciones de reelegir.

Los gobernadores sólo pueden mostrar hoy como sus laderos de fuste en territorio bonaerense a Sergio Massa y Florencio Randazzo. Ese imán, por ahora, no genera demasiada atracción sobre los intendentes.

Aún con la incertidumbre del rol que terminará ejerciendo Cristina Kirchner, prefieren no romper lanzas con la ex presidenta y aguardar, acaso, que se produzca el milagro de una gran Paso peronista que aglutine a todos.