El gobierno bonaerense prepara una reforma integral de la Justicia provincial con una lógica centrada en las necesidades del ciudadano común y bajo la premisa de despolitizar el sistema. Tiene varios capítulos. Uno de ellos se focaliza en los magistrados y, particularmente, en impulsar cambios en los procesos de selección de jueces y fiscales y en el mecanismo para removerlos.

El ministerio de Justicia es el encargado de desarrollar la reforma, algunos de cuyos puntos serán adelantados por la gobernadora María Eugenia Vidal en la próxima apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.

De hecho, la propia Vidal le adelantó a sus diputados, en una reunión reciente, que ésta será una de las banderas políticas de la segunda parte de su mandato.

La idea del Ejecutivo es consensuar los puntos de la reforma en la llamada Mesa Permanente del Mapa Judicial, un espacio formado el año pasado con representaciones de todos los actores del sistema.

Gutavo Ferrari, ministro bonaerense de Justicia

El Mapa en cuestión es una suerte de diagnóstico para contar con información real y actualizada sobre el funcionamiento del sistema de Justicia de la Provincia, que es el más grande del país. Ese trabajo ya se hizo durante el año pasado para saber cuántas causas tiene cada juzgado, el tiempo de resolución de cada una, etc. La idea de institucionalizar la Mesa y darle continuidad en el tiempo es, justamente, para integrarla al debate que se viene en todos los niveles de la Justicia y en la Legislatura.

Uno de los objetivos que persigue la reforma es “asegurarle a los vecinos de la Provincia que los jueces y fiscales sean idóneos para el lugar que ocupan” y “reducir la influencia política en las designaciones”, según se detalla en un paper interno del gobierno que, a modo de borrador, circula por ciertos despachos oficiales y al que accedió este diario.

Para eso se propondrá una serie de cambios en el proceso de selección de los magistrados, haciendo hincapié en la necesidad de la capacitación de los mismos.

Por ejemplo: si esta reforma se concreta, todos los jueces o fiscales, antes de asumir, tendrán que ir a una Escuela Judicial en forma obligatoria, que durará entre un año y medio y dos años. Esa dependencia, en rigor, ya existe pero la concurrencia no reviste obligatoriedad para el magistrado recién nombrado. De hecho, tiene asistencia mínima, según explican en el ministerio que conduce Gustavo Ferrari.

Otro de los puntos referidos a la formación de los jueces señala que en los exámenes para acceder a la magistratura ya no habrá preguntas teóricas. En cambio, el aspirante deberá demostrar sus habilidades prácticas resolviendo un expediente real que le será asignado. Y, en busca de transparencia a la hora de las pruebas, los exámenes orales serán filmados. Esto significa que, también, podrán ser revisados luego.

En el sistema de selección actual, todas las personas que aprueban el examen correspondiente están en igualdad de condiciones para aspirar al cargo. No se tiene tanto en cuenta la nota que sacó, aseguran en el vidalismo. Por cada puesto a cubrir, el Consejo de la Magistratura selecciona tres candidatos entre los que pasaron la prueba. Eso ha generado nombramientos que, muchas veces, responden a pedidos de jefes políticos, como intendentes o legisladores.

Lo que busca introducir ahora el gobierno, teóricamente, es un criterio de orden de mérito. Esto es: la terna se confeccionará privilegiando a los que hayan sacado las tres mejores notas.

Otro cambio, destinado a polémica: en la actualidad, los concursos se realizan por cargo –juez, fiscal, etc- y por departamento judicial (son 18 en toda la Provincia); si esta reforma prospera los concursos serán por especialidad y no tanto por la ubicación geográfica del juzgado en concurso o del departamento judicial al que pertenece.

Esto significa que un aspirante será designado, por ejemplo, juez penal pero su destino laboral será definido en base a las necesidades generales del sistema en ese momento, reflejado en el Mapa Judicial. Según trascendió, la provincia se dividirá en Regiones Judiciales, cada una de las cuales contendrá a varios departamentos judiciales.

Así, un aspirante puede recalar en cualquier departamento de la región en la que rinda.

El objetivo de esta idea, uno de los fundamentos de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que también contendrá la reforma, es reorganizar la estructura de la Justicia para “tener dependencias donde realmente se necesitan y lograr un único Poder Judicial en lugar de muchos encerrados en cada uno de los Departamentos Judiciales”.

En esa línea, la reforma propondrá eliminar algunas dependencias que casi no funcionan y reformular la cantidad y la distribución de juzgados, fiscalías y demás organismos en base a criterios de necesidad, eficacia y acceso del ciudadano al sistema.

Enjuiciamiento

El capítulo de la reforma vinculado al mecanismo para remover jueces apunta a agilizar los tiempos. Un duro diagnóstico circula entre los funcionarios del ministerio de Justicia: muchas veces los juicios políticos a magistrados, y las dilaciones desde el inicio hasta la finalización de los mismos, se utilizaron como un mecanismo de presión con fines políticos.

Los juicios son comenzados y resueltos por un Jurado de Enjuiciamiento en el Senado, integrado por abogados y legisladores, que es encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. La presidencia de la Corte, sin embargo, se rota cada año. Y un presidente no tiene la obligatoriedad legal de iniciar y terminar el juicio. Puede cambiar en el medio el titular de la Corte y el juicio continuar. Eso, según explican en el Ejecutivo, es uno de los factores que traban y demoran los enjuiciamientos.

Es por eso que se propone acotar por ley los tiempos de los juicios a los magistrados, estableciendo que el presidente de la Corte debe iniciar y finalizar el juicio dentro de su mandato en el Alto Tribunal, entre otras cuestiones que se están estudiando.