En el gobierno bonaerense no ven aún la luz al final del túnel, pero la imaginan. Creen que restan transitar semanas complejas en las que aspiran a mantener la curva de contagios de coronavirus entre los 300 y 400 casos diarios.
Estiman que ese número es todavía “razonable” y que permite que el sistema de salud aguante el embate con formato de desafío que dibuja la pandemia.
A partir de la semana del 18 de mayo la provincia sufrió una multiplicación por cinco del número de casos. Pasó de 70 a 300 y encendió las luces de alarma.
Hubo luego un lento crecimiento, pero la disparada, por ahora, se mantiene en niveles medianamente controlables, dicen
desde la gobernación.
Ese es uno de los motivos centrales por los que Axel Kicillof se mantiene en su posición de ir con pie de plomo en el Área Metropolitana.
Esa cautela supone flexibilizar apenas los permisos para que puedan comenzar a funcionar con protocolos estrictos -se atenderá en la vereda y no se habilitarán probadores- los comercios de venta de ropa e indumentaria en el Gran Buenos Aires, uno de los reclamos centrales tanto de los propios comerciantes como de los intendentes que escuchan a diario las quejas por el freno en seco de la actividad económica.
Será una de las pocas concesiones que la provincia está dispuesta otorgar en la zona más caliente de los contagios. Así, no habrá salidas recreativas ni se permitirá la actividad deportiva. Mucho menos, las reuniones sociales.
Esa decisión oficial genera roces.
Varios intendentes de la oposición presionan para que se agilicen esos permisos. Se quejan de que existen trabas burocráticas que impiden el retorno de una relativa normalidad a los comercios, asfixiados por una caída económica que lleva cerca de dos años y que desde mediados de marzo los hizo tocar fondo con el cerco que impuso la cuarentena.
Encima, a pocas cuadras de sus distritos, el espejo de la ciudad de Buenos Aires muestra una realidad mucho más flexible.
En la provincia están convencidos de que esa estrategia de otorgar permisos graduales permite ir imaginando el día después de mañana.
Una suerte de control de daños para avanzar en el diseño de políticas para el tercer trimestre del año que imaginan con un virus menos amenazante. La traducción de ese razonamiento remite a aquella viaje y célebre definición de Alvaro Alsogaray: hay que pasar el invierno.
“La reforma impositiva que se empuja representa apenas el 10 por ciento de la recaudación mensual de la Provincia”
Se habla, por caso, de un plan de obras públicas como palanca para dinamizar la economía de la mano de la construcción. El menú incluye rutas y viviendas, también intervenciones vinculadas al saneamiento, en especial en el conurbano.
Existe otra movida dando vueltas de la gestión Kicillof que esconde un fuerte mensaje político oculto en sus pliegues. Es la que tiene que ver con el proyecto de reforma impositiva para aplicar mayor presión fiscal sobre los bancos, operadoras de televisión por cable y productores de agroquímicos.
El argumento, nutrir las arcas del Estado en tiempos de vacas flacas y gastos disparados por efecto de la pandemia.
La iniciativa puede que tenga un efecto más simbólico que efectivo.
Diversas proyecciones no oficiales hablan de que por esa reforma podrían ingresar unos 3 mil millones de pesos al fisco provincial. Siempre y cuando, ninguno de los cambios proyectados quede en el camino por un eventual rechazo opositor.
Un mes de recaudación para la provincia supone 40 mil millones de pesos en un mes pandémico de achique de ingresos. La iniciativa representaría, en rigor, una mejora de menos del 10 por ciento del ingreso mensual.
Este proyecto fue presentado por el presidente de la Cámara baja Federico Otermín y por el jefe del bloque del Frente de Todos, Facundo Tignanelli. El primero, hombre de Martín Insaurralde, uno de los principales socios políticos del hijo de la ex presidenta en la Provincia. El segundo, lugarteniente bonaerense del diputado nacional Máximo Kirchner.
La asociación surge inevitable. Es Máximo Kirchner quien fogoneó, a nivel nacional, el denominado impuesto a la riqueza. En la Provincia, con sus variantes lógicas por la diferencia de tributos sobre los que se aplicará, sucede algo similar de la mano de dirigentes afines.
Otra curiosidad. La oposición buscará aprovechar la negociación para conseguir los espacios de poder que por ahora Kicillof no les cedió en diversos organismos. Acaso le termine debiendo a Máximo un favor inestimable.
