El fiscal federal, Fernando Domínguez, que investiga a su colega Claudio Scapolán como jefe de una presunta asociación ilícita que armaba causa vinculadas al narcotráfico, imputó a 41 efectivos de la policía bonaerense y a tres abogados como integrantes de esa organización delictiva, y consideró que con su investigación quedó al descubierto «una red de ilegalidad que involucra el abuso de poder y la corrupción de funcionarios públicos».
Fernando Domínguez, explicó en su dictamen de 245 páginas que el «método criminal» con el que operaba la organización consistía en la «sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros».
Además, consideró que la banda que, a su criterio tenía a Scapolán como jefe, extorsionaba «a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados», o a «personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales».
Por el caso ya se encuentran detenidas 12 personas, nueve de ellas policías de la provincia y dos funcionarios judiciales llamados Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, mientras que Scapolán será indagado el próximo miércoles como jefe de la asociación ilícita y ya tiene un pedido de desafuero para ser detenido.
Pero el fiscal Domínguez imputó en total a 41 policías como integrantes, como así también a tres abogados que aún no fueron detenidos.
«¿Cómo podía pensar yo que un fiscal encabezaría una organización criminal integrada por funcionarios policiales dedicada al tráfico de drogas, la extorsión, etc., etc.? Sin embargo, eso es lo que hemos descubierto con la marcha de la investigación», indicó el fiscal federal en el escrito que presentó ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Para Domínguez, los imputados están acusados de integrar una asociación ilícita que se quedaba con droga secuestrada en procedimientos contra el narcotráfico y que luego la utilizaba para revenderla, “plantarla” y/o extorsionar a personas ligadas o no al tráfico de estupefacientes
Según el fiscal, los hechos ocurrieron entre el 2012 y el 2015, cuando Scapolán estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Isidro, disuelta en 2016.
