En busca de la documentación y pruebas que definan la trayectoria de 36 millones de pesos que fueron desde el Ministerio de Planificación, pasaron por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)y terminaron en la productora a+A Group de Andrea del Boca; ayer el juez federal Sebastián Casanello dispuso una serie allanamientos en el Ministerio del Interior, que absorbió al de Planificación Federal, la sede de la productora donde se encontró un departamento vacio y las oficinas de las UNSAM en el Campus Miguelete
El fiscal federal elevó al juez Sebastián Casanello un requerimiento de instrucción para tratar de “dilucidar” si “el dinero se entregó de acuerdo con la ley aplicable y si se gastó correctamente”, según apunta el texto,
“El dinero público, que ascendió a 36.582.468 pesos (unos 2,3 millones de dólares), habría salido del presupuesto del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, por entonces a cargo de Julio De Vido, para ser entregado a la productora, previa firma de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)”, detalla el texto.
Así se dio impulso a la investigación de una denuncia presentada días atrás por el abogado Ricardo Monner Sans, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, que apuntaba al financiamiento y la contratación directa para la producción y grabación de 25 capítulos de una novela denominada “Mamá corazón”, fue anunciada en 2015 por la popular actriz pero no se ha exhibido aún.
Por su parte, la actriz negó las acusaciones por el supuesto mal empleo del dinero público y afirmó que llevan sin cobrar desde enero.
“Ya entregué capítulos. Lo que pasa es que no se paga desde enero (…). No, no me quedé con nada de lo que no me tenía que quedar. Obviamente que la Asociación de Actores exige que los actores cobremos, porque además si uno trabaja, tiene que cobrar”, sostuvo Del Boca.
“Asimismo, resultaría útil contar con el testimonio de todas las personas que intervinieron en la novela para que expliquen el ‘qué’, ‘cómo’ y ‘cuándo’ de su trabajo y, especialmente, si cobraron y de qué manera. Finalmente, se deberá solicitar a la Oficina Anticorrupción que informe si se han iniciado actuaciones al respecto”, expuso el Delgado.
