Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se inició el proceso de descolonización en el mundo, lo cual modificó el statu quo de las Islas Malvinas.
El Reino Unido, signatario de la Carta de la ONU al igual que la Argentina, presentó en 1946 ante el alto organismo y en respuesta a su pedido, una lista de cuarenta y tres territorios que se comprometía a descolonizar.
En este listado se hallaban las islas Malvinas y sus dependencias.
La ONU sancionó la resolución 1514, el 20 de diciembre de 1960, que determinó las condiciones para conceder la independencia a los países y pueblos que seguían viviendo situaciones coloniales. Se establecieron dos principios básicos: que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y que todo intento de quebrantar la unidad territorial de un Estado es incompatible con la carta fundacional de Naciones Unidas.
Se desprende, por consiguiente, que el derecho a la libre determinación puede servir de instrumento para la desmembración territorial, poniendo así en contraposición a los dos principios enunciados.
El gobierno argentino resolvió en 1964 tomar parte de los debates del Comité Especial de Descolonización de la ONU, manifestando que lo hacía en razón de sus derechos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
A pesar de la oposición del Reino Unido, el Comité Descolonizador reconoció en su esencia la validez de los reclamos argentinos.
Al año siguiente obtuvo un nuevo triunfo con la aprobación, por abrumadora mayoría, de la Resolución 2065 (16 de diciembre de 1965), por la cual se reconocía que las Malvinas debían estar comprendidas en las disposiciones de la Resolución 1514. Por consiguiente, Gran Bretaña debía descolonizar las islas, aunque la pequeña población isleña deseara continuar bajo la dependencia británica.
La asamblea, además, estableció con toda precisión que la disputa era por la soberanía sobre las islas, invitando a ambas partes a proseguir sin demora las negociaciones, teniendo en cuenta las disposiciones de la Carta y la Resolución 1514, así como los intereses de los pobladores de las islas.
Ni siquiera la misma Gran Bretaña votó en contra de la resolución, pues se limitó a la abstención.
El Memorándum de Entendimiento de 1968
En enero de 1966 viajó a Buenos Aires el canciller británico Michael Stewart para iniciar los contactos previos a negociar con la Argentina el futuro de las islas. En 1968 se llegó a un principio de acuerdo que quedó plasmado en un documento secreto que se denominó Memorándum de Entendimiento, cuyo párrafo 4 establecía:
…El objetivo común es solucionar definitivamente y en forma amistosa la disputa sobre la soberanía, teniendo debidamente en cuenta los intereses de la población…
El Gobierno del Reino Unido, como parte de esa solución final, reconocería la soberanía de la República Argentina sobre las Islas a partir de una fecha a ser convenida…
Lamentablemente, y a pesar de su calificación de secreto, la aparición prematura del acuerdo en la prensa británica y el accionar de ciertos grupos activistas londinenses lo hicieron fracasar.
Al respecto, el periódico londinense The Guardian esclareció las razones de este lamentable fracaso maquinado por el abogado William Hunter Christie, que recibía información confidencial desde el Ministerio de Defensa.
De inmediato Christie persuadió a la Falkland Islands Company (FIC) para establecer un comité con el fin de mantener las islas bajo la soberanía y absoluto dominio de Gran Bretaña.
Luego, el abogado suministró información a un puñado de parlamentarios conservadores para debatir el tema en el Parlamento y preparó material periodístico para los medios de difusión en una campaña publicitaria.
El Daily Express, a primera página, se convirtió en el arma principal de la campaña que arruinó y congeló las negociaciones.
Los debates de marzo de 1968 demostraron que las Falkland eran un campo minado político, listo para explotar en las principales páginas de los diarios y de encender los viejos instintos imperiales de los conservadores.
H. S. Ferns, profesor de ciencia política de la Universidad de Birmimgham escribiría entonces:
Es posible prever una situación en que la Argentina forzará la solución, como puede hacerlo, con el apoyo de la ONU, de la OEA y de los Estados Unidos, y hacer así algo que el gobierno argentino no desea hacer, esto es, humillar a Inglaterra. Si ello sucede, los británicos no podrán culpar a nadie sino a sí mismos.
El partido conservador británico desplazó al laborismo en 1970. A partir de entonces las resoluciones de la ONU, que habían logrado consensos unánimes en favor de la Argentina en 1966, 1967 y 1969, dejaron de tener eco en Londres, produciéndose un estancamiento en las negociaciones.
La Declaración Conjunta de Buenos Aires
Recién el 1º de julio de 1971, como corolario del Memorándum de Entendimiento, se firmó el acuerdo sobre comunicaciones. Este documento, denominado Declaración Conjunta de Buenos Aires, era el primer logro de las negociaciones.
La Argentina se comprometió a establecer comunicaciones aéreas y marítimas, brindar facilidades para la salud y educación de los isleños, prestar asistencia técnica y logística y constituirse en proveedor, a precios rebajados, de combustibles líquidos y gas envasado. Debería también construir una pista próxima a Puerto Stanley y establecer servicios aéreos, postales, telefónicos y telegráficos.
Este logro generó gran optimismo en Buenos Aires y al poco tiempo las empresas estatales tenían oficinas en Malvinas
En 1973, nuevamente la Asamblea General manifestó su preocupación por la falta de progreso de las negociaciones respecto de la soberanía, debido a la intransigencia británica, lo cual quedó expresado en la Resolución 3160.
Simultáneamente reconoció los esfuerzos del gobierno argentino por promover el bienestar de los pobladores isleños y volvió a descartar la aplicación del derecho a la libre determinación. Pese a todo ello el Reino Unido no modificó su postura.
Dentro de la Organización de Estados Americanos -OEA- el Comité Jurídico Interamericano expresó en 1974 su inquietud, ya que en tierras de América todavía se conservaban territorios ocupados por potencias extranjeras.
En 1976 ese comité declaró que la República Argentina tenía inobjetables derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, por lo que la cuestión fundamental a resolver era el procedimiento para el reintegro de su territorio.
Resolución OEA de 1976
Ese mismo año la Asamblea General de la OEA hizo suya la declaración del comité jurídico y agregó que: la presencia de buques de guerra británicos y el anuncio intimidatorio del Reino Unido acerca del envío de otras naves al Atlántico, constituían amenazas a la paz y a la seguridad del continente.
En las asambleas de los años 1975 y 1976, las conferencias de ministros de relaciones exteriores de los Países No Alineados reunidos en Lima y en Colombo, respectivamente, se pronunciaron en favor de los derechos argentinos.
Por entonces se hallaba en aguas de las islas Malvinas el buque científico británico Shackleton desarrollando tareas de prospección de los recursos económicos de los mares adyacentes. Estas actividades no habían sido autorizadas por el gobierno argentino, produciéndose un incidente entre la nave británica y el destructor ARA Almirante Storni.
El hecho produjo el retiro de los embajadores de ambos países y la interrupción de las negociaciones.
Pero el informe Shackleton había determinado que la explotación de las riquezas del área no sería racional o redituable sin la cooperación y buena voluntad del gobierno argentino.
Todo esto sucedía mientras la Argentina, pacientemente, construía el aeropuerto y establecía un puente aéreo y otras facilidades que aumentaban el bienestar de la población isleña ganando simpatías y apoyo por parte de los kelpers.
En 1976, la Armada Argentina instaló una base científica en la isla Morrell del grupo Tule, perteneciente a las Sandwich del Sur, la que se constituiría en el único establecimiento poblado del desolado conjunto insular.
La reacción británica fue, ante el hecho, muy mesurada.
Gran Bretaña insinúa el traspaso de la soberanía
En 1977, el canciller británico David Owen, del partido laborista, informó por escrito a la Cámara de los Comunes que ambos gobiernos habían convenido realizar negociaciones sobre el futuro político, incluyendo la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
También se negociaría la cooperación económica en dichos territorios y el Atlántico Sur occidental. Sin embargo, las dilaciones continuaron.
Hacia 1979 se acordó el restablecimiento de embajadores entre ambas capitales lo cual se hizo efectivo a principios del año siguiente. Paralelamente, en mayo de ese mismo año, el partido laborista entregó el poder al partido conservador liderado por Margaret Thatcher.
En junio, el nuevo subsecretario del Foreign Office, Nicholas Ridley, visitó Puerto Stanley. De paso por Buenos Aires, se reunió con el subsecretario de Relaciones Exteriores de la cancillería argentina; comodoro Carlos Cavándoli.
Las partes manifestaron su interés en mejorar las relaciones bilaterales y dar nuevo impulso a las negociaciones.
Ridley y Cavándoli se reunieron en distintas oportunidades ese mismo año, surgiendo alternativas interesantes en sus conversaciones referentes a las posibilidades de hallar una solución a través del sistema de arriendo y condominio.
La soberanía de las islas y los mares jurisdiccionales serían transferidas a la Argentina a partir de la fecha de la firma del acuerdo.
Para garantizar a los kelpers su forma de vida, se acordaría una administración compartida bajo ambas banderas por el término de noventa y nueve años, según lo propuesto por Ridley, o de tres generaciones, a instancias del funcionario argentino.
Durante el desarrollo de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 1979, el canciller argentino, Carlos W. Pastor, se entrevistó en Nueva York con su par británico, Lord Carrington, para expresarle que el problema Malvinas era prioritario para Buenos Aires.
Para el Foreign Office, las Malvinas ocupaban un lugar muy lejano en el ordenamiento de los problemas de su cartera.
En noviembre de 1980, Ridley realizó un segundo viaje a las islas. Al pasar por Buenos Aires le manifestó a Cavándoli que él personalmente favorecía una alternativa de arriendo pero que la primer ministro Margaret Thatcher no veía con simpatías estas gestiones.
Pese a ello había logrado la aprobación del Gabinete para someter a consulta de los isleños un plan básico tendiente al arriendo.
Según el historiador británico Peter Beck, las negociaciones y propuestas de Ridley, significaron una transformación de la disputa, ya que por primera vez el gobierno de Gran Bretaña había indicado públicamente su voluntad de considerar el traspaso de la soberanía a la República Argentina.
En febrero de 1981 se realizó una nueva ronda de negociaciones en Nueva York. Esta vez la novedad estuvo constituida en que los kelpers formaban parte de la delegación británica, convirtiéndose así en negociadores de facto y escuderos -involuntarios- de la Falkland Island Company.
En septiembre de ese año, Nicholas Ridley se alejó del Foreign Office. Nadie, del lado británico, habría de hacer más nada para evitar el desenlace que se avecinaba.
Del punto muerto a la guerra
A pesar de los muchos años de esfuerzo argentino en los planos diplomáticos y logísticos, las tratativas se habían detenido en punto muerto.
En agosto del ‘81 ante una situación de emergencia por falta de abastecimiento en las islas, la buena voluntad de Buenos Aires llevaba a no vacilar en enviar alimentos por vía aérea de inmediato.
A mediados de diciembre, ambas cámaras del parlamento británico abogaron por una mayor presencia naval en el área, a instancias del Consejo Legislativo isleño, alegando la proyección antártica de las islas.
En esos debates, incentivados por pequeños e interesados grupos de presión que representaban a la Falkland Island Company, se criticó la decisión de radiar de servicio al buque HMS Endurance, asentado en Puerto Stanley, como parte de una reducción de la Royal Navy y que alcanzaba al organismo de investigaciones antárticas británicas, British Antartic Survey (BAS).
Poco antes de la navidad de 1981, el general Galtieri asumió como nuevo presidente de la Argentina.
El flamante ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Nicanor Costa Méndez, recibió en enero del ’82 instrucciones de activar las negociaciones con firmeza, buscando vías alternas para inducir a Gran Bretaña a negociar seriamente.
Días después el incidente Davidoff cambiaría todo el escenario y dejaría a la Argentina merced a la intransigencia británica.
